La moción en el Senado pide informes detallados sobre solicitudes, votantes exteriores y errores en el Censo Electoral, tras la paralización cautelar del TS
El Partido Popular ha registrado una moción en el Senado para exigir al Gobierno información detallada sobre los procesos de nacionalización derivados de la llamada ‘ley de nietos’, que ha concedido la nacionalidad española a más de 2,6 millones de personas. La iniciativa, presentada tras la resolución del Tribunal Supremo que paraliza cautelarmente el derecho al voto de algunos de estos descendientes, cuestiona si existe una ‘finalidad electoral’ detrás de la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
La moción, que consta de una docena de puntos, reclama al Ejecutivo que garantice que la aplicación de la norma se ajusta a lo aprobado por las Cortes Generales y que evite modificaciones sustanciales mediante instrucciones administrativas. Según los populares, la instrucción de Sofía Puente —secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia— ‘reinterpreta’ la ley y amplía los supuestos iniciales para obtener la nacionalidad. Feijóo acusó a Pedro Sánchez de realizar ‘ingeniería electoral’ al nacionalizar a millones de personas en un corto espacio de tiempo para ganar votantes en las próximas elecciones.
El texto exige datos concretos sobre solicitudes presentadas y denegadas, expedientes resueltos y nacionalidades concedidas, así como información sobre el impacto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). También pide revisar inscripciones que puedan contener errores y garantizar que las incorporaciones al CERA se realicen ‘con todas las garantías’.
El PP busca evidenciar si el Gobierno persigue un objetivo electoral, citando las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien pidió al Tribunal Supremo que resuelva sobre los recursos a la ley de nietos antes de 2027. Además, señalan la enmienda de Sumar en una ley educativa que busca blindar el derecho al voto de los nacionalizados, interpretándolo como una ‘admisión de culpa’ tras la paralización del Supremo.
El contexto legal: de la Ley de Memoria Democrática a la instrucción de Puente
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (aprobada en 2022) estableció un régimen excepcional para que los descendientes de españoles exiliados por la Guerra Civil o la dictadura pudieran obtener la nacionalidad. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública —dirigida entonces por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes— emitió una instrucción en 2023 que amplió los criterios de aplicación, generando un aumento masivo de solicitudes.
El Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el derecho al voto de algunos de estos descendientes en septiembre de 2026, exigiendo a la Junta Electoral Central informes que verifiquen su vinculación con el exilio. Esta medida ha reactivado el debate político sobre si la aplicación de la norma superó los límites establecidos por el Parlamento.
El impacto político: votantes exteriores y alianzas de Gobierno
El PP insiste en que la nacionalización masiva afecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), clave en elecciones con alta participación de votantes en el exterior, como las de 2023. La moción exige datos sobre la distribución de estos nuevos electores por países y circunscripciones, así como una revisión de inscripciones con posibles errores.
Sumar, socio de Gobierno, registró una enmienda en una ley educativa para ‘blindar’ el derecho al voto de los nacionalizados, lo que el PP interpreta como un intento de legitimar una medida cuestionada por el Supremo. La iniciativa popular también busca presionar a los socios de coalición para que expliquen su postura si votan en contra de la moción.
El debate trasciende lo jurídico: mientras el Gobierno defiende la ley como reparación histórica, el PP la presenta como un instrumento de ‘captura de votantes’. La respuesta del Senado —prevista para los próximos meses— podría definir si el conflicto escalará antes de las elecciones de 2027.
Además, el Partido Popular ha registrado decenas de preguntas y solicitudes en ambas cámaras de las Cortes Generales, buscando que el Gobierno responda de manera transparente sobre los procesos de nacionalización y su impacto en el censo electoral. Esta actividad legislativa refleja la presión constante que ejerce el PP para que el Ejecutivo cumpla con los requisitos de la ley y evite la utilización de la normativa como herramienta electoral.
