El Ayuntamiento abre 57 expedientes en 2026 y aprueba antes de fin de año una regulación que limita plazas turísticas por habitante
El Ayuntamiento de Alicante ha denegado **todos** los certificados de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico (VUT) desde que entró en vigor la moratoria en 2024, y ya ha abierto **57 expedientes de investigación** este año, con **26 sancionadores** que han llevado a **9 suspensiones de actividad**. Además, cuatro procedimientos sancionadores por infracciones muy graves —que pueden acarrear multas de hasta **600.000 euros**— están en tramitación, según datos aportados este jueves por el concejal de Urbanismo, **Antonio Peral**, en el Pleno municipal.
La medida forma parte de un plan más amplio para regular el sector turístico en la ciudad, que incluye la aprobación **antes de final de año** de una nueva normativa que limitará las plazas turísticas a un máximo de **0,187 por habitante** y prohibirá nuevas licencias en zonas ya saturadas. La regulación, que se tramita a través de la **Modificación Puntual Nº 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PLOU)**, también exige un **acceso independiente** para los alojamientos en edificios residenciales y prohíbe usos turísticos en plantas bajas de viarios comerciales.
La moratoria, acordada inicialmente en **diciembre de 2024** y ampliada en **julio de 2025** para incluir apartamentos, pensiones y albergues, ha servido como herramienta transitoria mientras se desarrollaba esta normativa. Según Peral, el equipo de Gobierno se marcó como objetivo «regular y ordenar» el sector, y las cifras actuales —**9 suspensiones en 2026** y **8 expedientes cerrados**— reflejan los primeros resultados. Además, el Ayuntamiento ya ha desplegado un **Plan Mensual de Inspecciones** vinculado a la modificación del PLOU, que será la «herramienta definitiva» para controlar el alojamiento turístico.
El marco legal permite sanciones de hasta **600.000 euros** por infracciones muy graves, aunque los plazos de tramitación —mínimo **seis meses**— retrasan su aplicación. La regulación definitiva, aprobada inicialmente en **diciembre de 2025**, busca equilibrar la oferta turística con la presión sobre el mercado residencial, un debate que trasciende Alicante y afecta a otras ciudades costeras con tensiones similares por el alquiler turístico.
