Deficiencias técnicas, transiciones fallidas y falta de supervisión en contratos de 2018, 2021 y 2023, con 123 requerimientos judiciales sin respuesta durante meses
El Tribunal de Cuentas ha detectado «graves deficiencias» en el sistema de pulseras antimaltrato gestionado por el Ministerio de Igualdad, con un gasto público de 102,6 millones de euros entre 2018 y 2023. El informe, publicado este miércoles, señala fallos técnicos recurrentes —fallos en la fiabilidad de los dispositivos, errores de geolocalización y baterías deficientes— que afectaron a la protección de víctimas durante años.
El sistema, vigente desde 2009 y financiado en parte con fondos del Plan de Recuperación, adoleció de un Plan de Transición en los contratos de 2018 y 2021, lo que impidió garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones. Incluso el contrato de 2023 —adjudicado durante la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad— no lo incluyó inicialmente, obligando a una modificación en julio de 2023. La transición entre adjudicatarios en 2023 generó problemas críticos: la UTE de Vodafone y Se curitas, nueva adjudicataria, no recibió la información histórica completa de la anterior, lo que retrasó la respuesta a 123 requerimientos judiciales hasta diciembre de 2024.
El informe también critica la falta de supervisión del Ministerio: las memorias técnicas presentadas por los adjudicatarios contenían deficiencias que solo se subsanaron tras la intervención del Tribunal. Además, pese a los incumplimientos contractuales, el Ministerio no impuso penalidades más allá de un caso aislado. El órgano fiscalizador recomienda reforzar los controles internos, exigir mejor tecnología y evitar la tramitación urgente de estos contratos, que redujo plazos a la mitad sin justificación técnica sólida.
Las pulseras antimaltrato, disponibles en todo el país, permiten el seguimiento telemático de agresores y la prohibición de aproximación a víctimas. Su mal funcionamiento no solo compromete la seguridad de las afectadas, sino que deslegitima un sistema clave en la lucha contra la violencia de género, según advierte el informe. El Tribunal insta a revisar los pliegos para incluir mecanismos de supervisión continua y penalizaciones proporcionales a los incumplimientos.
