El pleno aprueba por unanimidad de PP y Vox declarar la soberanía española y pedir retorno inmediato a Marruecos
El Ayuntamiento de Alicante ha respaldado este jueves, con los votos del PP y Vox, dos declaraciones institucionales que exigen al Gobierno de España medidas extraordinarias para gestionar la crisis en Ceuta, donde más de 80.000 personas accedieron irregularmente desde julio. Las propuestas, aprobadas por 17 votos a favor y 11 en contra (PSOE, Compromís y EU-Podem), reclaman el retorno inmediato de los migrantes a Marruecos y el despliegue de recursos estatales para recuperar la normalidad.
La iniciativa, impulsada por el grupo popular con la portavoz Mari Carmen de España, califica los hechos como una «entrada ilegal y masiva» que ha desbordado las capacidades de Ceuta. El texto subraya que la soberanía española sobre las ciudades autónomas «no es cuestionable ni negociable» y acusa al Gobierno central de no actuar con la firmeza necesaria. La declaración insta a identificar a todos los migrantes irregulares y promover su retorno «con carácter inmediato», usando los mecanismos legales y la cooperación con Marruecos.
Además, el pleno aprobó por mayoría simple (13 votos del PP, 4 de Vox, 2 de Compromís y 1 de EU-Podem, con abstención del PSOE) dos medidas sociales: reducir al 0% el IVA a las donaciones de alimentos a ONG y ampliar por ley la prestación por cuidado de menores con cáncer más allá de los 26 años. Estas propuestas, aunque no vinculadas directamente con la crisis migratoria, reflejan el enfoque del PP en Alicante: combinar exigencias al Gobierno central con reivindicaciones locales.
El contexto es clave: Ceuta lleva meses en alerta máxima tras el episodio del 27 de julio, cuando miles de personas cruzaron la valla fronteriza. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por su respuesta, con acusaciones de falta de coordinación y recursos insuficientes. Mientras, el PP y Vox insisten en que la crisis exige una solución «firme y sostenida», algo que el PSOE en Alicante rechaza, argumentando que las medidas deben ser «proporcionales y respetuosas con los derechos humanos».
La votación en Alicante refleja la polarización política: mientras PP y Vox alinean sus posturas con las demandas de Ceuta, el PSOE se distancia, priorizando un enfoque más gradual. La presión sobre el Gobierno central crece, con el Ayuntamiento alicantino sumándose a las voces que piden actuar antes de que la situación se repita.
