El Gobierno volverá a presentar el texto legal para evitar desahucios, mientras PP y Vox mantienen su rechazo y Puigdemont admite conversaciones con Sánchez tras meses de ruptura
Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha anunciado este jueves que el Gobierno aprobará nuevamente en Consejo de Ministros el real decreto de Vivienda, una medida que incluye prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional. La decisión responde al desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, ocurrido el miércoles. El PSOE ha lanzado un mensaje directo a los grupos parlamentarios: «Esta vez prime la responsabilidad social» para evitar que se repitan casos como el de Maricarmen, que lleva 70 años en su hogar.
El real decreto, que ya había sido rechazado en dos ocasiones en el Congreso por PP, Vox y Junts, será presentado de nuevo tras la presión de Sumar, socio minoritario de coalición, que ha exigido medidas inmediatas en el próximo Consejo de Ministros, previsto para el 29 de septiembre. Sumar propone incluso la expropiación de la vivienda de Maricarmen como solución urgente, una medida que no forma parte del texto actual, pero que refleja el tono de la exigencia.
Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificó el desahucio como una «tragedia social» y advirtió que se abordará con urgencia, aunque sin concretar plazos. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, reprochó a PP y Vox que, de haber apoyado el decreto en anteriores votaciones, Maricarmen «seguiría en el que ha sido su hogar durante 70 años».
El PSOE ya había descartado inicialmente aprobar el decreto de forma inmediata debido a los vetos cruzados de Junts y Podemos, que preferían negociar para lograr apoyos. Sin embargo, el caso de Maricarmen ha acelerado un proceso que parecía paralizado. Junts, que hasta ahora negaba cualquier diálogo con el PSOE, admitió este jueves que mantiene negociaciones en marcha. La formación catalana, liderada por Carles Puigdemont, entregó hace dos semanas sus propuestas directamente al presidente del Gobierno, según confirmaron fuentes cercanas.
Junts ha sido históricamente crítica con las políticas de vivienda del Gobierno, tachándolas de «intervencionistas». No obstante, el desahucio de Maricarmen ha forzado un cambio de postura. El partido catalán lleva casi un año con relaciones oficialmente rotas con el PSOE, pero ahora reconoce que hay una vía abierta para dialogar sobre el decreto.
El real decreto incluye medidas como la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, la limitación de los alquileres turísticos y la creación de un fondo para la rehabilitación de viviendas. Estas medidas, sin embargo, han encontrado resistencia en la oposición, especialmente en PP y Vox, que las consideran «intervencionistas» y «contrarias al mercado».
El contexto legal: ¿Qué dice la ley actual y qué cambiaría el decreto?
El real decreto de Vivienda se enmarca en la Ley de Vivienda de 2023, que ya establecía medidas como la limitación de los alquileres en zonas pensionadas y la obligación de los grandes tenedores de viviendas de destinar un porcentaje a alquiler social. Sin embargo, la ley no incluye prohibiciones explícitas de desahucios para personas sin alternativa habitacional, algo que el decreto ahora propone introducir.
La ley actual también regula el mercado de alquiler, estableciendo topes máximos en zonas con alta demanda, pero su aplicación ha sido desigual en las comunidades autónomas. El decreto que ahora se aprueba busca corregir estas lagunas, especialmente en lo que respecta a la protección de colectivos vulnerables como Maricarmen.
El texto también prevé la creación de un fondo de 1.000 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, una medida que ha sido bien recibida por los ayuntamientos, pero que ha encontrado resistencia en la oposición por considerarse un gasto público adicional.
Las implicaciones políticas: ¿Qué se juega cada actor?
Para el PSOE, la aprobación del decreto es una cuestión de credibilidad. El partido ha sido criticado por su gestión en materia de vivienda, especialmente tras casos como el de Maricarmen, que han puesto en evidencia las limitaciones de las medidas actuales. Acelerar el proceso y lograr apoyos parlamentarios sería una victoria política, pero también un riesgo: si el decreto es rechazado nuevamente, el Gobierno quedaría en una posición débil ante su socio de coalición, Sumar, que ya ha exigido medidas más contundentes.
Sumar, por su parte, ve en este decreto una oportunidad para presionar al PSOE y avanzar en sus propuestas, como la expropiación de viviendas para colectivos vulnerables. El partido, liderado por Yolanda Díaz, ha sido crítico con la lentitud del Gobierno en materia de vivienda y ha utilizado el caso de Maricarmen para exigir acciones inmediatas. Si el decreto no se aprueba, Sumar podría acusar al PSOE de falta de compromiso con las políticas sociales.
Junts, aunque mantiene su postura crítica con las medidas intervencionistas, ha abierto una ventana de negociación. La admisión de conversaciones con el PSOE tras meses de ruptura es un gesto político significativo, especialmente en un contexto de tensiones entre el Govern catalán y el Ejecutivo central. Puigdemont podría estar evaluando si el apoyo al decreto le reporta beneficios en su estrategia de diálogo con Madrid, aunque sin renunciar a su línea dura en materia de vivienda.
PP y Vox, por su parte, mantienen su postura de rechazo al decreto. El Partido Popular ha criticado las medidas como «injustas para los propietarios», mientras que Vox las considera «una intromisión del Estado en el mercado». Ambos partidos han sido constantes en su oposición a cualquier medida que suponga una limitación a la propiedad privada o un aumento de la intervención estatal en el sector.
El caso de Maricarmen ha puesto el foco en un problema estructural: la falta de viviendas asequibles y la vulnerabilidad de colectivos como el suyo. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, más de 1,5 millones de hogares en España están en riesgo de exclusión residencial, un problema que el decreto intenta abordar con medidas urgentes. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá no solo de su aprobación, sino también de su aplicación efectiva en las comunidades autónomas, donde las competencias en vivienda son transferidas.
El plazo para evitar que el caso de Maricarmen se repita es corto. El Gobierno tiene hasta el próximo Consejo de Ministros para aprobar el decreto, pero su éxito dependerá de si logra convencer a Junts para que retire su veto. Si no lo consigue, el texto volverá a ser rechazado en el Congreso, y el Gobierno quedará en una posición aún más débil ante su socio de coalición y la opinión pública.
