18.000 euros abonados a Patricia López a través de la agencia IKI Group, vinculada a la campaña europea de 2024
La Guardia Civil ha confirmado que el PSOE pagó **18.000 euros** a la periodista Patricia López —dueña de *Crónica Libre*— para difundir los audios sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez durante los cinco días de reflexión en abril de 2024. El dinero llegó a través de la agencia de publicidad **IKI Group**, contratada por el partido para las elecciones europeas de ese año, según declaraciones de su directora, **Mónica Hurtado de Mendoza**, ante la Unidad Central Operativa (UCO).
El pago se realizó tras una orden directa del entonces director de Comunicación del PSOE en Ferraz, **Ion Antolín**, quien instruyó a Hurtado de Mendoza para que entregara el dinero a López. La periodista, fallecida recientemente, emitió una factura a IKI Group por esos 18.000 euros, que luego fueron abonados por el partido. La UCO ya había documentado que el PSOE pagó a López por los audios —obtenidos del comisario jubilado José Manuel Villarejo— y ahora vincula estos fondos a la campaña electoral de 2024.
Estos hechos se enmarcan en la investigación del juez de la Audiencia Nacional **Santiago Pedraz**, que analiza una trama para influir en decisiones judiciales y policiales a cambio de comisiones, incluyendo presuntos amaños en la **Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)**. La revelación podría agravar la presión sobre el Gobierno, ya que los pagos se produjeron durante una campaña electoral clave y están vinculados a un caso de corrupción que afecta directamente a Sánchez.
IKI Group no solo gestionó los 18.000 euros para las elecciones europeas, sino que también colaboró con el PSOE en otros eventos posteriores, como el **41 Congreso Federal del partido**. La UCO ya había identificado a **Leire Díez** como líder de una red de influencia que buscaba beneficiar al Gobierno a cambio de favores, aunque este nuevo pago a López añade un nuevo frente: la posible financiación irregular de contenidos mediáticos para dañar a la oposición.
El caso podría reabrir el debate sobre la transparencia en las campañas electorales y la relación entre partidos y medios afines. Mientras, el juez Pedraz analizará si estos pagos constituyen financiación ilegal o un intento de manipular la información pública durante un proceso electoral.
