La Abogacía del Estado argumenta que la suspensión del censo electoral por la ‘ley de nietos’ vulnera derechos fundamentales y alerta de que 16 consulados no podrán revisar 142.739 expedientes a tiempo
Pedro Sánchez ha recurrido al Tribunal Supremo para anular la paralización cautelar del voto y las inscripciones en el censo electoral para los nuevos nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’, una medida que, según el Gobierno, vulnera derechos fundamentales y carece de base legal. El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que la decisión del alto tribunal ‘cercena los derechos de cientos de miles de personas’ y que, incluso en el caso de que existiera algún riesgo en el censo, este sería ‘tan ínfimo que no justificaría’ la suspensión.
El recurso, presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, argumenta que la inscripción censal no es un acto registral sujeto a calificación previa, sino un trámite declarativo que no admite valoración discrecional. ‘Quien es español y cumple los requisitos tiene derecho a votar’, subraya el texto jurídico, que recuerda que la nacionalidad —y con ella, el derecho al sufragio— se adquiere por resolución judicial firme, no por una valoración posterior de la Oficina del Censo Electoral.
El Gobierno insiste en que la suspensión ordenada por el Supremo ‘suspende una parte esencial del derecho de sufragio’, algo que, según sus servicios jurídicos, ‘no es posible’ sin afectar también al derecho a la nacionalidad. La Abogacía del Estado advierte de que, de mantenerse la medida, ‘existirán nacionales españoles a los que se les cercenará el derecho de sufragio sin tacha alguna de ilegalidad’.
El conflicto surge tras un auto del Tribunal Supremo que paralizó las inscripciones para los nuevos electores nacionalizados por la ‘ley de nietos’ —descendientes de exiliados republicanos— salvo que acrediten exilio de sus familiares. El Gobierno considera que esta interpretación ‘olvida’ que la inscripción censal es un acto declarativo y no constitutivo, y que, por tanto, no puede ser suspendida sin afectar al derecho fundamental de voto.
El censo electoral y el plazo ajustado para las próximas elecciones
Las próximas elecciones autonómicas y municipales se celebrarán el 25 de mayo de 2027, con el censo electoral cerrado el 1 de enero de ese año. Según datos de la Abogacía del Estado, desde las últimas elecciones del 28 de mayo de 2023 se han inscrito 168.896 nuevos electores en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a través de la ‘ley de nietos’. Sin embargo, el análisis de estos expedientes se enfrenta a un plazo ajustado, especialmente en 16 consulados que concentran el 84,5% de las inscripciones (142.739 casos).
Estos consulados —ubicados en La Habana (Cuba), Rosario, Buenos Aires y Mendoza (Argentina), Ciudad de México (México) y Caracas (Venezuela)— operan bajo ‘difíciles circunstancias estructurales y coyunturales’, como cortes de luz, falta de combustible o desastres naturales, lo que hace ‘materialmente imposible’ certificar todos los expedientes antes del 1 de enero de 2027. La Abogacía del Estado estima que, incluso con refuerzos, estos consulados no podrían finalizar el análisis antes de esa fecha.
En el resto de oficinas consulares (137 de 172), la carga de trabajo es menor: se han practicado menos de 500 inscripciones por consulado, con una media de 20 minutos por expediente. Según cálculos del Gobierno, estas oficinas podrían cumplir con el plazo de la Junta Electoral Central (JEC) ‘antes de finalizar el año en curso’. Otras 19 consulados, con entre 500 y 1.500 inscripciones cada uno, estiman que podrían cumplir el requisito en ‘seis meses’, reduciéndose a la mitad con refuerzos.
El precedente legal y el riesgo de exclusión electoral
La ‘ley de nietos’ forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permite a los descendientes de exiliados republicanos españoles recuperar la nacionalidad. Desde su entrada en vigor, más de 168.000 personas han solicitado la nacionalidad a través de este mecanismo, según datos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la suspensión ordenada por el Supremo podría dejar fuera del censo a miles de nuevos electores, muchos de ellos residentes en América Latina, donde la tramitación de expedientes es más lenta.
El Gobierno argumenta que la suspensión ‘no tiene base legal’ y que, además, ‘no existe riesgo alguno’ en la incorporación de estos nuevos votantes al censo. ‘Nadie puede predecir el sentido de su voto, y en todo caso, no alteraría el resultado electoral por pura matemática’, señalan los servicios jurídicos. La Abogacía del Estado recuerda que la inscripción censal es un acto declarativo —no constitutivo—, por lo que suspenderla equivaldría a ‘cercenar un derecho fundamental sin justificación’.
El recurso también subraya que la ‘ley de nietos’ ha sido validada por el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores, lo que refuerza la posición del Gobierno. Sin embargo, el Supremo ha mantenido la suspensión cautelar mientras se resuelve el fondo del asunto, lo que deja en el aire el futuro de estos nuevos electores.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, este recurso es una cuestión de principios: se trata de defender el derecho al voto de ciudadanos que han recuperado su nacionalidad tras décadas de exclusión. La suspensión del censo, en su opinión, ‘atenta contra la esencia de la democracia’, donde el sufragio es un derecho irrenunciable. Además, el Ejecutivo teme que una decisión del Supremo pueda sentar un precedente peligroso para otros colectivos con derechos en litigio.
Por su parte, el Tribunal Supremo actúa en un contexto de creciente tensión política alrededor de la ‘ley de nietos’, una norma que ha generado controversia por su impacto en el censo electoral. La suspensión cautelar responde a preocupaciones sobre posibles irregularidades en la tramitación de algunos expedientes, aunque el Gobierno insiste en que estos casos son minoritarios y no justifican una medida tan drástica.
En el plano político, este conflicto podría tener repercusiones en la campaña electoral de 2027. Los partidos de la oposición, como el PP o Vox, podrían aprovechar el debate para cuestionar la gestión del Gobierno en materia de memoria histórica y derechos fundamentales. Mientras, para los afectados —muchos de ellos descendientes de exiliados—, la suspensión del censo representa una nueva traba en su lucha por la recuperación de derechos.
El recurso del Gobierno al Supremo se suma a otros conflictos legales en torno a la ‘ley de nietos’, como las demandas presentadas por algunos afectados que alegan irregularidades en la tramitación de sus expedientes. Sin embargo, en este caso, el Ejecutivo no cuestiona la validez de la nacionalidad de estos ciudadanos, sino la legalidad de la suspensión cautelar del censo.
La decisión del Supremo podría conocerse en las próximas semanas, aunque el plazo ajustado para las elecciones de 2027 añade urgencia al caso. Mientras tanto, los consulados afectados continúan trabajando para cumplir con el plazo de la JEC, aunque las dificultades logísticas hacen prever que algunos expedientes no serán revisados a tiempo.
