La formación independentista denuncia un aumento del 45% en tiroteos en el primer semestre de 2026 y critica la gestión de Interior por «propaganda»
Junts per Cataluña (JxCat) ha exigido este martes al PSOE que impulse en el Congreso reformas legales para endurecer el Código Penal contra el crimen organizado, el narcotráfico y los tiroteos, que en Cataluña han aumentado un 45% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. La formación, liderada por Miriam Nogueras, acusó al Gobierno de no actuar con urgencia y recordó que su propia propuesta para combatir la multirreincidencia —aprobada finalmente tras dos años de bloqueo— quedó «en un cajón» durante ese tiempo.
El portavoz parlamentario de JxCat, Salvador Vergés, criticó que el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, haya centrado sus esfuerzos en buscar consenso con el Gobierno central en lugar de impulsar cambios unilaterales. «Si el PSOE y el PSC no dan el primer paso, lo haremos nosotros», advirtió Vergés, quien recordó que su grupo ya presentó una iniciativa legislativa para agravar penas a reincidentes, pero que «permaneció olvidada durante años».
JxCat también cuestionó los datos de seguridad presentados por la consellera de Interior, Núria Parlon, a quien acusó de «hacer propaganda» al afirmar que los hurtos habían bajado. «Bajan los hurtos declarados, pero nos gustaría ver los datos reales», insistió Vergés, quien alertó sobre un aumento exponencial de la «criminalidad grave» desde 2023. Según sus cifras, en 2025 hubo una media de dos tiroteos por semana, asociados al crimen organizado y al narcotráfico, mientras que en 2026 la tendencia se ha agravado. «Entre tiroteos y secuestros exprés, esto no es una serie policiaca, es Cataluña», sentenció.
La formación independentista también pidió al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que comparezca en el Parlament para explicar la remodelación de la cúpula policial y de Interior, un proceso que, según JxCat, carece de transparencia. Mientras, el Govern catalán mantiene negociaciones con el Ejecutivo central para coordinar medidas, aunque sin plazos concretos.
El marco legal actual permite a la Generalitat proponer reformas penales, pero su aprobación depende del Congreso. El PSOE, socio de gobierno de Pedro Sánchez, ha evitado hasta ahora priorizar cambios en este ámbito, centrado en otros frentes como la reforma laboral o la fiscalidad. La presión de JxCat llega en un contexto de tensión social por la inseguridad, con partidos como el PP y Vox ya exigiendo al Gobierno central medidas «inmediatas» para frenar la violencia urbana.
