El partido de Puigdemont busca ahora el apoyo de los Comuns, que exigen aclarar si la propuesta incluye vetar a menores de Ceuta como pide Miriam Nogueras
Junts per Cataluña volverá a registrar en el Congreso la proposición de ley para transferir a la Generalitat las competencias en inmigración, un texto que ya presentó en septiembre de 2025 y que fracasó por la oposición del PP, Vox y Podemos. La formación independentista, liderada por Carles Puigdemont, centra ahora sus esfuerzos en lograr el apoyo de los Comuns, que en 2025 se abstuvieron y ahora cuestionan los objetivos de la medida.
El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, condicionó su respaldo a que Junts aclare si la propuesta servirá para aplicar políticas como las defendidas por la diputada Miriam Nogueras, quien ha rechazado acoger a menores migrantes procedentes de Ceuta. Cid advirtió en una entrevista con la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que la postura de Nogueras —»no a los menores de Ceuta»— es «indistinguible» de la de Alianza Catalana, el partido de extrema derecha liderado por Sílvia Orrios.
La ley, pactada originalmente con el PSOE en 2025, busca que Cataluña asuma el control de la acogida y gestión de personas migrantes, una competencia actualmente en manos del Gobierno central. El primer intento de tramitación se frustró por la alianza entre PP, Vox y Podemos, que argumentaron que la medida fragmentaría la política migratoria estatal. Ahora, Junts intenta sumar a los Comuns, que en su día apoyaron la descentralización, pero exigen garantías sobre el uso de las competencias.
Cid insistió en que su formación defiende «más competencias para las comunidades autónomas», pero subrayó que estas deben tener un «para qué» claro. «Desde la proximidad se gestiona mejor, pero no lo haremos desde una posición absolutamente salvaje ni para negar los derechos de la infancia», afirmó. La duda sobre si la propuesta incluye vetos a menores —como los planteados por Nogueras— ha generado tensión entre los socios potenciales, especialmente tras la crisis migratoria en Ceuta, que ha reavivado el debate sobre la gestión autonómica de estos flujos.
El texto legal, que requeriría mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación, se enmarca en la estrategia de Junts para reforzar el autogobierno catalán. Sin embargo, la falta de consenso entre los grupos progresistas —PSOE, Comuns y Podemos— complica su viabilidad, especialmente si los Comuns mantienen su escepticismo. La formación ecosocialista, aliada del Gobierno en Madrid, ha dejado claro que no respaldará una transferencia que pueda derivar en políticas restrictivas hacia los colectivos más vulnerables.
