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La formación independentista presenta una proposición de ley orgánica idéntica a la de 2025, pero sin el PSOE, tras el bloqueo de Podemos por considerar «racista» la Ley de Extranjería
Junts per Cataluña registró ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para transferir a la Generalitat de Cataluña las competencias en materia de migración, idéntica a la presentada en marzo de 2025 junto al PSOE pero ahora sin su apoyo.
La iniciativa, impulsada en solitario por la formación de Carles Puigdemont, busca reactivar un traspaso competencial que quedó estancado en la Cámara Baja por la oposición de Podemos. La formación morada, necesaria para aprobar la norma, rechazó en 2025 el texto por considerar que la exposición de motivos vinculaba la inmigración a problemas identitarios y de seguridad, calificándolo de «racista». En esta ocasión, Junts ha eliminado ese apartado y lo ha sustituido por una justificación técnica basada en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Fuentes de Junts explicaron que el PSOE «es un experto en dar patadas adelante» y criticaron su falta de compromiso para avanzar en la tramitación. «Las cosas no salen si depende de ellos», señalaron, citando como ejemplo el bloqueo de la ley de reincidencia. La nueva propuesta, sin embargo, no ha logrado el respaldo inicial de Podemos, cuyo portavoz, Ione Belarra, insistió en que el objetivo de la cesión es delegar la aplicación de la Ley de Extranjería, que su partido sigue considerando «racista». Belarra no exigió literalmente la derogación de la norma, como hizo en 2025, pero sí condicionó su apoyo a una reforma que elimine su enfoque «desde una perspectiva de derechos humanos».
El Gobierno, por su parte, anunció el martes un anteproyecto para endurecer la Ley de Extranjería, facilitando expulsiones y confinamientos, lo que podría complicar aún más las negociaciones. El texto de Junts, que requiere mayoría absoluta en el Congreso, se enfrenta así a un escenario político dividido: Podemos mantener sus reticencias, el PSOE no figura como firmante y el PP y Vox se oponen históricamente a cualquier transferencia de competencias en esta materia.
La propuesta se enmarca en un contexto de creciente presión independentista para ampliar las competencias autonómicas, especialmente en áreas sensibles como la seguridad y la gestión de fronteras. El Estatuto de Autonomía de Cataluña ya recoge la posibilidad de asumir estas competencias, pero su desarrollo requiere una ley orgánica específica, como la presentada por Junts. La última vez que se intentó, en 2025, el texto quedó paralizado en la fase de toma en consideración, sin llegar a debatirse en comisión.
