La presidenta Isabel Perelló usa su voto de calidad para impulsar la investigación, pese a que cuatro vocales del PP defienden su libertad de expresión
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente disciplinario al juez David Maman, titular de un juzgado de violencia sobre la mujer en Madrid, por declaraciones consideradas desconsideradas hacia las víctimas. La decisión, adoptada este viernes, se produjo gracias al voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, al dividirse los vocales: cuatro propuestos por el PP votaron por archivar, mientras los tres del PSOE y Sumar apoyaron el expediente.
Maman generó la polémica durante un curso sobre violencia de género organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, donde cuestionó los supuestos beneficios para las denunciantes. Afirmó que «a una mujer que denuncia se le da asistencia jurídica gratuita, aunque tenga un millón de euros en la cuenta», y criticó que algunas «se piensan que, con la guardia y custodia compartida, el padre no les pagará la pensión». También sugirió que muchas madres desconfían del otro progenitor sin fundamento, según trascendió de su intervención.
La Comisión Permanente del CGPJ rechazó el criterio del Promotor de la Acción Disciplinaria, quien defendió que sus palabras estaban amparadas por la libertad de expresión y no vulneraban la independencia judicial. Cuatro vocales —José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal— respaldaron esta postura en un voto particular, argumentando que Maman actuó fuera de cualquier proceso concreto y en un acto formativo, donde sus comentarios no afectaban a partes procesales ni a la intimidad de nadie.
El expediente se enmarca en un debate recurrente sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito judicial, especialmente cuando los magistrados intervienen en espacios públicos. Mientras el CGPJ avanza con la investigación, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género —quien denunció inicialmente las declaraciones— ya ha instado a que se evalúe si las palabras de Maman pueden considerarse una falta grave de respeto a los derechos de las víctimas, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este caso llega en un momento de alta sensibilidad política, con el PP y Vox criticando en las últimas semanas al CGPJ por lo que consideran una «censura encubierta» contra jueces que expresan posturas minoritarias. El PSOE, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente, pero fuentes cercanas al partido señalan que la decisión de Perelló refuerza su línea de «tolerancia cero» con comentarios que puedan normalizar estereotipos de género.
