La propuesta, pactada con el PSOE en Bruselas, choca con el veto del Gobierno, que acusa al PP de politizar la Justicia
Alberto Núñez Feijóo ha impulsado este jueves en el Congreso la primera gran reforma de su ‘plan de regeneración institucional’: una ley para que los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por jueces y magistrados, eliminando la participación parlamentaria. La iniciativa, pactada con el PSOE en Bruselas en 2024, ha sido rechazada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha contado con el apoyo de sus socios para bloquearla con 175 votos frente a los 170 del PP, Vox y UPN.
La reforma, presentada como respuesta a las advertencias europeas sobre la independencia judicial, proponía un sistema de votación directa entre jueces y magistrados para elegir a los vocales, manteniendo solo la designación parlamentaria de los ocho juristas de reconocido prestigio. Sin embargo, el Gobierno ha argumentado que el acuerdo de Bruselas no obligaba a una reforma legislativa inmediata, sino a un informe técnico que ya se presentó en 2025.
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, advirtió en su discurso de apertura del Año Judicial que ‘no es admisible que la descalificación pública se convierta en un medio de presión a los jueces’. Su intervención, en la que criticó la politización de la Justicia, coincidió con el lanzamiento de la propuesta del PP, que vinculó la reforma a las acusaciones de ‘lawfare’ contra jueces y magistrados cercanos al Gobierno.
El texto, que incluye una cláusula antibloqueo para evitar repeticiones del estancamiento de 2018-2024, también prohíbe la repetición de vocales salientes y exige transparencia en las candidaturas de asociaciones judiciales. La norma busca cumplir con los estándares europeos, que exigen la elección de los miembros judiciales del CGPJ por sus pares, sin intervención del Parlamento o el Ejecutivo.
El pacto de Bruselas y su incumplimiento
El acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ en 2024 incluyó un compromiso explícito: adaptar el sistema de elección de vocales a los estándares europeos. La Comisión Europea y el GRECO (órgano anticorrupción del Consejo de Europa) habían criticado durante años la participación parlamentaria en la designación de jueces del CGPJ, exigiendo que fueran elegidos por sus colegas. El informe técnico presentado en 2025 por el CGPJ, tras seis meses de trabajo, propuso dos modelos: uno con elección directa por jueces y otro que mantenía la decisión parlamentaria. El Gobierno de Sánchez consideró cumplido su compromiso al entregar el informe, mientras que el PP insiste en que el pacto obligaba a una reforma legislativa.
La Comisión de Venecia, consultiva del Consejo de Europa, avaló en 2025 la opción de elección por pares, aunque advirtió sobre el riesgo de politización interna si las asociaciones judiciales dominan el proceso. Esta cautela fue recogida en la propuesta del PP, que limita los avales de las asociaciones y exige publicidad en los currículos de los candidatos.
¿Por qué este rechazo importa más allá del CGPJ?
La votación en el Congreso refleja una batalla más amplia por el control de la Justicia. El PP acusa al Gobierno de usar el CGPJ como ‘arma política’, mientras que Sánchez y sus socios argumentan que la reforma del PP busca ‘politizar’ el órgano. La cláusula antibloqueo incluida en la ley —que permitiría al CGPJ funcionar con solo los vocales judiciales si el Parlamento no actúa— es vista como un intento de eludir el consenso parlamentario.
Además, la reforma choca con el marco legal actual: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPE) exige una mayoría cualificada para modificar el sistema de elección de vocales, lo que dificulta cambios unilaterales. El rechazo del Gobierno podría reactivar el debate sobre la independencia judicial en Europa, donde España ya ha sido criticada por su sistema de designación de altos cargos judiciales.
El PP, por su parte, ha vinculado el fracaso de la reforma a su estrategia electoral. Cuca Gamarra, portavoz del grupo popular en el Congreso, denunció una ‘operación para someter al Poder Judicial’ y advirtió de que la decisión del Gobierno ‘debilita la separación de poderes’. La votación, celebrada en un contexto de tensiones por casos como el de la ‘operación Malaya’ o las investigaciones sobre corrupción en Cataluña, refuerza la percepción de polarización en el sistema judicial español.
El próximo paso depende ahora de la Comisión Europea. Bruselas podría exigir explicaciones al Gobierno español por no haber implementado el acuerdo de 2024, aunque el Ejecutivo ya ha argumentado que el informe técnico presentado cumple con los compromisos adquiridos. Mientras, el CGPJ sigue en funciones con un mandato que venció en 2018, en una situación excepcional que el PP busca aprovechar para presionar por cambios.
El CGPJ, tras la entrega del informe técnico en febrero de 2025, envió al Congreso dos propuestas concretas: una que proponía la elección directa de los 12 vocales por parte de los jueces y magistrados, y otra que mantenía la decisión final en el Parlamento. La falta de consenso sobre la alternativa elegida ha generado un debate interno que amenaza con prolongar la inestabilidad del órgano y retrasar la implementación de las reformas europeas acordadas.
