El bloque de centroderecha se sitúa a tres diputados de poder renovar órganos constitucionales como el TC o el Defensor del Pueblo sin pactar con el PSOE
Una proyección electoral de la firma SocioMétrica otorga a la suma de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) un total de 207 escaños en el Congreso de los Diputados, lo que sitúa a la alineación de centroderecha a tres asientos de la mayoría cualificada de tres quintos (210 diputados) exigida para las grandes reformas institucionales. Según este estudio demoscópico para El Español, la ampliación de la representación del bloque conservador permitiría articular mayorías holgadas para la gobernabilidad y desbloquear la elección de altos organismos del Estado sin necesidad de consensuar los nombres con el PSOE.
La cifra de 207 diputados holgadamente supera los 176 escaños requeridos para la investidura en primera votación y para la aprobación de leyes orgánicas. Esta posición parlamentaria otorgaría al eventual Gobierno una capacidad legislativa sin precedentes recientes para acometer modificaciones estructurales en la administración pública, la legislación electoral o la estructura de los organismos reguladores y de supervisión jurídica.
El umbral de los tres quintos y la renovación del Tribunal Constitucional
El horizonte de los 210 diputados resulta determinante en el diseño constitucional español, al ser la barrera legal que protege el consenso en los órganos de control. En el caso del Tribunal Constitucional, el mandato de cuatro de sus doce magistrados caducó en diciembre de 2025. Los miembros cuyo periodo ha vencido son el presidente Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías. La renovación de este tercio del tribunal de garantías no depende únicamente del Congreso, sino que requiere la ratificación de tres quintos del Senado, equivalente a 160 de los 266 senadores que componen la Cámara Alta.
En el mapa parlamentario actual, las fuerzas de la oposición contabilizan 147 escaños en la Cámara Alta, distribuidos en 141 senadores del PP, 5 de Vox y 1 de UPN, una cifra insuficiente para alcanzar por sí sola el listón constitucional. Sin embargo, la tendencia proyectada por las encuestas sugiere que una victoria amplia de este bloque rebasaría los 160 senadores necesarios, lo que permitiría sustituir a los magistrados con mandato caducado sin intervención de la minoría socialista. Este cambio en la composición alteraría el equilibrio interno de un órgano que ha avalado normas clave como la ley de amnistía o la resolución de los recursos del caso ERE.
El horizonte del Consejo General del Poder Judicial y las leyes orgánicas
En lo relativo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces se compone de 20 vocales, cuya designación exige tres quintos de la Cámara Baja (210 votos) para diez de sus miembros y la misma proporción en el Senado (160 escaños) para los otros diez. El actual CGPJ, presidido por la magistrada María Isabel Perelló, echó a andar en 2024 tras el acuerdo suscrito entre el PP y el PSOE con la mediación de las instituciones europeas. Al contar con un mandato legal de cinco años, la renovación del Consejo no corresponderá formalmente hasta 2029, ya entrada la siguiente legislatura.
No obstante, la nueva correlación de fuerzas facilitaría la modificación de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. La aprobación o enmienda de normas orgánicas únicamente requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados), una cifra que los 207 escaños de PP, Vox y UPN cubrirían con margen. Esta mayoría permitiría modificar el sistema de elección de los vocales judiciales para que sean designados directamente por los jueces, en línea con los compromisos expresados por Alberto Núñez Feijóo y las recomendaciones comunitarias. Del mismo modo, el bloque conservador dispondría de fuerza suficiente para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), abriendo la puerta a elevar el umbral mínimo del 3% de votos requeridos para obtener representación o a ajustar el reparto provincial de escaños.
El recambio en la Defensoría del Pueblo y el modelo de RTVE
La jefatura del Defensor del Pueblo, ostentada por Ángel Gabilondo desde su nombramiento en noviembre de 2021, encara el vencimiento de su periodo de cinco años en noviembre de 2026. La ley reguladora de la institución establece que la elección del titular debe contar con el respaldo de tres quintos del Congreso y del Senado. Si bien la normativa contempla una segunda vuelta que reduce la exigencia en la Cámara Alta a la mayoría absoluta si se mantiene la mayoría cualificada en el Congreso, los 207 diputados proyectados dejarían al bloque de centroderecha a escasos apoyos de dominar el proceso parlamentario de forma directa.
Por su parte, la gobernanza de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) fue modificada mediante un real decreto-ley impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, elevando el consejo de administración a 15 miembros. Tras dicho cambio normativo, el procedimiento asignó la elección de 11 consejeros al Congreso de los Diputados y 4 al Senado, introduciendo un mecanismo de desempate en segunda votación habilitado por mayoría absoluta. Con un grupo parlamentario superior a los 200 escaños, una nueva mayoría podría alterar de nuevo la ley reguladora de los medios públicos de titularidad estatal o nombrar una nueva dirección ejecutiva utilizando los cauces ordinarios que fija la legislación.
Límites legales y mecanismos para la reforma de la Constitución
Pese al volumen de la representación estimada, la alteración del texto constitucional requiere cumplir exigencias tasadas en la propia Carta Magna. El procedimiento ordinario de reforma, regulado en el artículo 167, contempla la aprobación por tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no existiera acuerdo entre Congreso y Senado, la norma permite intentar la aprobación mediante una comisión mixta o, en última instancia, con la mayoría absoluta del Senado siempre que el Congreso haya obtenido el voto de dos tercios. Además, un 10% de los miembros de cualquiera de las Cámaras puede solicitar que las modificaciones se sometan a un referéndum vinculante.
En cuanto al procedimiento agravado del artículo 168 —que afecta al Título Preliminar sobre los principios del Estado, el Título I relativo a los derechos fundamentales y el Título II sobre la Corona—, la exigencia se eleva a una mayoría de dos tercios de cada Cámara, la inmediata disolución de las Cortes y la ratificación por las nuevas Cámaras electas por idéntica mayoría cualificada. Mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, ha abogado por revisar la estructura del Estado autonómico e ilegalizar formaciones independentistas, la dirección de Alberto Núñez Feijóo rechaza activar procesos constitucionales agravados que fuercen la convocatoria de elecciones y aparten del consenso al PSOE, priorizando reformas institucionales mediante leyes ordinarias u orgánicas.
