Moncloa asume un coste anual de 132 millones de euros ante el rechazo frontal de Suecia, Alemania y Lituania en Bruselas
España vinculó este martes el ingreso de futuros socios comunitarios a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. La propuesta llegó a la mesa del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas mediante un informe breve de apenas diez minutos. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, defendió que la medida debe salir adelante antes de cualquier futura ampliación comunitaria.
La maniobra responde a las exigencias asumidas por Pedro Sánchez tras el acuerdo de investidura con Junts en el Congreso. Moncloa lleva más de tres años con este expediente abierto en las instituciones comunitarias. El Gobierno insiste en que veinte millones de ciudadanos españoles padecen una discriminación lingüística frente a otros países multilingües como Bélgica.
Varios socios europeos frenaron de inmediato la pretensión de la delegación española durante el encuentro ministerial. Lituania tachó de inaceptable mezclar el acceso de nuevos países con el régimen de lenguas de la Unión Europea. Jessica Rosencrantz, ministra sueca de Asuntos Europeos, reclamó separar ambos debates y encargar análisis técnicos previos a los grupos de trabajo del Consejo. Alemania también rechazó bi lateralizar la integración europea y recordó las dudas legales existentes.
Para superar los reparos presupuestarios, España reiteró que financiará íntegramente el coste de la oficialidad de las tres lenguas. Ese gasto ascendería a 132 millones de euros al año, según los cálculos remitidos por la Comisión Europea. Pese a este ofrecimiento económico, la reforma del reglamento lingüístico requiere la unanimidad de los Veintisiete miembros del Consejo, donde Francia e Italia mantienen reservas políticas persistentes.
La presidencia semestral irlandesa descartó cualquier opción real de cerrar este acuerdo en el corto plazo. Frente a ese bloqueo, Fernando Sampedro sostuvo que no hace falta modificar los Tratados constitutivos de la Unión Europea para ampliar la lista oficial. Como precedente operativo, el secretario de Estado citó a Naciones Unidas, donde el árabe funciona como idioma de trabajo sin figurar en la Carta original.
El pulso diplomático revela la presión creciente que soporta el Ejecutivo de Sánchez frente a sus socios parlamentarios en Madrid. La falta de avances en las capitales europeas pone en riesgo los compromisos legislativos asumidos por el Gobierno en España. Sampedro calificó las reservas técnicas de varios socios como simples excusas para dilatar una resolución que exige consenso unánime entre los Estados miembros.
