La moción en el Senado exige revisar 2,5 millones de expedientes y publicar criterios ocultos para evitar fraudes en el CERA
El Senado votará el 30 de septiembre una moción del PP que obliga al Gobierno a demostrar, expediente por expediente, que los más de 2,5 millones de nacionalidades concedidas por la ‘ley de nietos’ cumplen los requisitos legales antes de que el Tribunal Supremo resuelva el fondo del caso.
La iniciativa, impulsada por la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta, exige que el Ejecutivo detenga la inscripción en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) de quienes no acrediten vínculo familiar, documentación y residencia territorial según la ley. El PP acusa al Gobierno de aplicar la norma de forma selectiva y con criterios administrativos no publicados, lo que, según el partido, vulnera el principio de jerarquía normativa.
La polémica arrancó en 2022 con la instrucción de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que presumió el exilio de españoles entre 1936 y 1955 sin exigir pruebas individuales. El Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de estas nacionalidades en agosto de 2024, pero el PP denuncia que el Gobierno sigue presionando para que el tribunal acelere la resolución antes de las elecciones, algo que la oposición considera manipulación política.
La moción, que recoge 12 exigencias concretas, incluye pedir al Gobierno que publique todas las circulares, notas interpretativas y criterios internos aplicados en los consulados, así como un desglose detallado de solicitudes, concesiones y denegaciones. El PP advierte: «Si el Gobierno está seguro de lo que ha hecho, que publique las instrucciones». La formación también reclama revisar las altas en el CERA con errores documentales o falta de trazabilidad, algo que afectaría directamente a las circunscripciones electorales.
El PSOE, socio minoritario del Gobierno, ya intentó legalizar parte de esta interpretación con una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica de Educación, que el PP tacha de «confesión de culpa». La ‘ley de nietos’ reconoce la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados, pero su aplicación ha abierto la puerta a casos de bisnietos e incluso tataranietos, según documentación de El Español. El Supremo separó en 2024 las inscripciones válidas de las dudosas, pero el PP exige ahora transparencia total antes de que el tribunal dicte sentencia.
Lo que está en juego no es solo la legalidad de las nacionalidades, sino su impacto político: 11 de los 12 puntos de la moción tienen dimensión electoral. El PP argumenta que incorporar a millones de personas al cuerpo político —con acceso a sanidad, pasaporte europeo y derecho al voto— «exige debate parlamentario y ley expresa», algo que, según el partido, no se ha producido. La votación del miércoles en el Senado será clave para medir el apoyo institucional a la postura del Gobierno.
