La instrucción de 2022 que extendió los beneficiarios a 2,4 millones choca con el Tribunal Supremo y divide a Sumar
El Partido Popular presentará en el próximo pleno del Senado —los días 29 y 30 de septiembre— una moción para rechazar la ampliación de la Ley de Nietos, que podría otorgar la nacionalidad española a 2,4 millones de descendientes de españoles huidos entre 1936 y 1955. La iniciativa, con doce puntos, denuncia que una instrucción del Gobierno de 2022 vulneró la ley al extender los derechos más allá de los exiliados políticos, incluyendo a quienes abandonaron España por cualquier motivo.
El PP argumenta que esa instrucción —publicada el 25 de octubre de 2022— es ilegal porque una decisión administrativa no puede modificar lo aprobado por el legislador. Aunque no rechaza la reparación histórica para nietos de exiliados, sí critica que la aplicación actual permita la nacionalidad a quienes no cumplen el requisito de exilio forzado. La moción también exige revisar las inscripciones en el censo electoral realizadas con errores administrativos y garantizar criterios homogéneos para acreditar el vínculo familiar.
La medida llega en un contexto de tensión legal: el Tribunal Supremo paralizó la inscripción en el censo de quienes no acreditan el exilio de sus padres o abuelos. Mientras, Sumar —partido del Gobierno— ya trabaja en una corrección parlamentaria para evitar el conflicto jurídico. El PP usará el debate para medir el apoyo real a la ley, especialmente entre partidos como Junts, cuya posición podría ser clave.
La Ley de Nietos, aprobada en 2022, busca reparar la exclusión histórica de descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, su aplicación práctica ha generado disputas: mientras el Gobierno defiende la ampliación como medida de justicia social, la oposición la tacha de irregular y advierte sobre su impacto en el censo electoral antes de las próximas elecciones.
Además, el PP solicita al Gobierno que adopte medidas para corregir las inscripciones en el censo que se hayan producido por errores administrativos o deficiencias en la acreditación documental, y que aplique controles en la aplicación de la Ley de Nietos respetando las competencias de la Oficina del Censo Electoral, la Junta Electoral y los órganos jurisdiccionales.
