El PP amenaza con recurrir al Constitucional si la Mesa admite a trámite la disposición, que amplía los requisitos para obtener la nacionalidad española
Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, de Sumar, impulsan una maniobra parlamentaria para aprobar en la ley de Educación una disposición que concede el voto a descendientes de exiliados sin justificar su condición, ignorando la suspensión del Tribunal Supremo.
El Grupo Plurinacional Sumar ha incluido en el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley de Educación una enmienda que no guarda relación con el contenido de la norma. Esta estrategia, conocida como «enmienda intrusa», busca aprobar una disposición que amplía los requisitos para obtener la nacionalidad española y, por extensión, el derecho al voto para descendientes de exiliados, un tema que el Tribunal Supremo mantiene paralizado hasta resolver su legalidad.
La enmienda, registrada como disposición adicional nueva, propone modificar la Ley de Memoria Democrática para presumir la condición de exiliado a todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955, independientemente de la causa (política, económica, social o ideológica). Además, incluye a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio antes de 1978 y a descendientes de quienes recuperaron la nacionalidad por derecho de opción.
La disposición, que aún debe ser admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de Educación, cuenta con el respaldo del bloque de gobierno (PSOE y Sumar), pero enfrenta el rechazo de los letrados del Congreso, que suelen alinearse con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. El Partido Popular (PP) ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional si la enmienda es admitida, alegando vulneración de derechos parlamentarios.
El contexto legal: ¿por qué el Supremo paralizó el proceso?
El Tribunal Supremo suspendió en 2025 el procedimiento para conceder el derecho al voto a descendientes de exiliados tras cuestionar si la ley de Memoria Democrática podía aplicarse sin justificación documental. La enmienda de Sumar elimina este requisito, presumiendo automáticamente la condición de exiliado para quienes abandonaron España entre 1936 y 1955, incluso por motivos económicos. Esta medida amplía el alcance de la ley más allá de los criterios inicialmente establecidos, lo que ha generado controversia.
La disposición también afecta a otros colectivos, como hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio antes de 1978, un grupo que hasta ahora no tenía acceso a la nacionalidad por este motivo. La enmienda busca regularizar su situación, pero su inclusión en una ley de Educación —y no en una reforma específica de Memoria Democrática— es lo que la convierte en «intrusa» según los criterios parlamentarios.
¿Qué pasa ahora? El PP amenaza con paralizar el proceso
Si la Mesa de la Comisión de Educación admite la enmienda, el PP recurrirá al Tribunal Constitucional para solicitar una paralización cautelar. El partido argumenta que esta maniobra vulnera el derecho de los diputados a debater normas dentro de su ámbito competencial, ya que la disposición no tiene relación con la educación. Además, el Constitucional ha rechazado en el pasado enmiendas intrusas por considerar que desvirtúan el procedimiento legislativo.
La aprobación de esta disposición podría tener consecuencias políticas inmediatas. El PSOE, socio mayoritario del Gobierno, no ha tomado aún una postura pública clara, pero su silencio hasta ahora sugiere que no ha bloqueado la iniciativa de Sumar. Sin embargo, si el Constitucional anula la enmienda, el Gobierno deberá justificar ante la opinión pública por qué permitió una estrategia que el propio Tribunal Supremo podría considerar irregular.
Para los descendientes de exiliados, la medida representa una oportunidad para regularizar su situación legal, pero también genera dudas sobre su viabilidad jurídica. Si el Constitucional la rechaza, el proceso quedaría en suspenso hasta una nueva reforma específica, retrasando la solución para miles de personas.
La enmienda también abre un debate sobre los límites del procedimiento legislativo. Mientras Sumar defiende que es una cuestión de justicia histórica, el PP y otros partidos ven en ella un intento de saltarse controles democráticos. La decisión de la Mesa del Congreso en los próximos días será clave para determinar si este conflicto escalará hasta el Constitucional.
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