La denuncia de Iustitia Europa, PSOE y Más Madrid incluye posibles delitos de malversación, prevaricación y administración desleal; el Gobierno madrileño cambia el uso del inmueble de oficinas a ‘alojamiento’
El juzgado de instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias para investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático de lujo en Chambera por parte del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, pregunta a la Fiscalía si es competente para analizar la operación y forma una pieza separada con la documentación aportada por los denunciantes: Iustitia Europa, el PSOE y Más Madrid.
La denuncia inicial, presentada por Iustitia Europa, solicita investigar si la adquisición pudo constituir malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o administración desleal. El inmueble, de 486 metros cuadrados, sigue en manos de la Comunidad de Madrid tras fracasar su venta en julio, un día después de que se conociera públicamente la compra. El Gobierno madrileño reconoció este hecho y que el uso real del ático será de ‘alojamiento’, rectificando su anterior declaración de que se destinaría a oficinas.
El ático está situado frente al piso que Ayuso recibió como donación de su padre y donde vive su madre. La investigación también podría analizar la posible intervención de la Consejería de Presidencia, los informes de necesidad y financiación, así como las obras en la Real Casa de Correos. La Fiscalía Provincial de Madrid ya envió al juzgado cuatro denuncias relacionadas con esta compra presentadas en las últimas semanas.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones políticas en Madrid, donde el PSOE y Más Madrid han criticado la opacidad en la gestión de fondos públicos. La compra, realizada sin concurso público, ha generado dudas sobre su legalidad y transparencia, especialmente tras el cambio de uso declarado por el Gobierno regional.
Además, el juzgado revisará los acuerdos de Planifica Madrid y la documentación de la comisión inmobiliaria para determinar si se cumplió con los requisitos de legalidad urbanística y fiscalidad. Se espera que la instrucción incluya la evaluación de los costes fiscales y la posterior decisión de venta, aspectos que podrían revelar irregularidades en la gestión del patrimonio público.
