Europäische Kommission - Audiovisueller Dienst, Bogdan Hoyaux, Yügen, CE - Service audiovisuel, EC - Audiovisual Service (CC BY 4.0, Wikimedia Commons)
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La Generalitat y el Ministerio de Justicia activan una macroconvocatoria con becas adicionales para retener talento judicial en Cataluña, donde el 40% de las plazas quedan vacías por la vuelta de jueces a sus regiones de origen
Salvador Illa y Félix Bolaños han inaugurado hoy las instalaciones provisionales de la Escola Judicial en la Ciutat de la Justícia de Barcelona para formar a 500 nuevos jueces, fiscales y letrados en un plan que combina formación en catalán y medidas para evitar la fuga de magistrados hacia otras comunidades.
La infraestructura, ubicada en un espacio temporal mientras se construye la nueva sede en Vallvidrera, acogerá la mayor convocatoria de la historia de Cataluña para estos cargos. Según datos de la Generalitat, el 40% de las plazas judiciales en Cataluña permanecen vacías porque muchos jueces —formados allí— regresan a sus comunidades de origen tras su periodo inicial. Illa ha subrayado que el objetivo es que los nuevos magistrados conozcan «de primera mano» la realidad social y lingüística catalana, aunque ejercerán en todo el Estado.
Para contrarrestar la brecha de plazas, la Generalitat convocará además 50 becas adicionales para opositores, replicando el éxito de una edición anterior. Bolaños, por su parte, ha destacado que la formación en catalán —en plena polémica por la falta de comprensión de este idioma en el juicio del 1-O— es clave para garantizar la «calidad y proximidad» de la justicia en Cataluña.
El contexto: por qué Cataluña pierde jueces y cómo afecta a la justicia
Cataluña es la comunidad con mayor rotación de jueces en España. Según el Informe de Plazas Judiciales 2025 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 38% de los magistrados que finalizan su periodo inicial en Cataluña abandonan la comunidad en los dos años siguientes, frente al 18% de media en el resto del Estado. Esta fuga se debe a tres factores: salarios inferiores a los de otras comunidades (un juez en Cataluña gana un 12% menos que en Madrid o Valencia), la dificultad para ascender sin moverse a otras regiones, y la falta de estabilidad en plazas clave, como las de instrucción o juzgados de lo social.
El caso más mediático fue el de Roger Español, cuya sentencia por el 1-O generó críticas por la falta de dominio del catalán en el tribunal. Illa ha vinculado directamente esta formación con la necesidad de «evitar situaciones que afecten a la confianza ciudadana», aunque no ha citado el caso concreto. La Generalitat ya intentó solucionar el problema en 2022 con un plan de becas para opositores, que logró retener a 15 jueces adicionales.
Las implicaciones: ¿logrará Cataluña retener a sus jueces?
El plan de formación masiva y las becas buscan dos objetivos: primero, mejorar la cualificación de los nuevos magistrados en catalán y derecho autonómico; segundo, ofrecer incentivos económicos para que permanezcan en la comunidad. Sin embargo, expertos como Jordi Ferrando, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra, advierten de que «la rotación no se soluciona solo con formación, sino con salarios competitivos y carreras profesionales estables». Actualmente, Cataluña tiene 32 plazas judiciales vacantes, un 15% más que en 2023, según datos del CGPJ.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ha evitado comprometerse con medidas adicionales, limitándose a respaldar la iniciativa. Bolaños ha señalado que «la colaboración entre Estado y Generalitat es clave», aunque no ha detallado si habrá transferencias de fondos para mantener las becas más allá de 2027. La oposición, representada por Junts per Cataluña, ha criticado que el plan llega «tarde», ya que la fuga de jueces lleva años afectando a la justicia catalana, especialmente en áreas como lo penal y lo social, donde los retrasos en juicios superan el año.
La formación de estos 500 nuevos magistrados comenzará en octubre y se extenderá hasta 2028. La Generalitat ha confirmado que el 60% de las plazas estarán cubiertas por catalanes, mientras que el resto serán ocupadas por jueces de otras comunidades en formación. El reto, según Illa, es «convertir esta inversión en talento retribuido», aunque no ha especificado cómo se medirá el éxito del plan.
