El vicepresidente andaluz reconoce el apoyo del Sindicato Médico Andaluz a la protesta pese al acuerdo de julio con la Junta, que evitaba nuevos paros
Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha avalado este viernes la huelga médica convocada para el 28 de octubre contra el Gobierno central y su propuesta de Estatuto Marco, pese a que el Sindicato Médico Andaluz (SMA) rompió su compromiso de julio de no secundar nuevos paros.
Sanz, en declaraciones a El Periódico de España, reconoció que «los médicos tienen toda la razón» para convocar la huelga, pero advirtió: «Los daños son irreparables». La decisión del SMA —que sí apoyó el paro— contrasta con el acuerdo firmado en julio con la Junta, donde se comprometía a no convocar nuevas huelgas hasta 2027.
El conflicto se enmarca en la oposición frontal de los médicos al Estatuto Marco, impulsado por el Gobierno central para regular las condiciones laborales de los sanitarios. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, ya ha mostrado su rechazo a la propuesta, pero la huelga del 28 de octubre podría escalar la tensión entre el Ejecutivo autonómico y los profesionales sanitarios.
La última huelga médica en Andalucía, en 2023, paralizó durante 24 horas los servicios no urgentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), afectando a más de 1,2 millones de pacientes. Este nuevo paro, si se mantiene, podría tener un impacto similar, especialmente en zonas con menos recursos humanos.
El Gobierno central, por su parte, ha insistido en que el Estatuto Marco es «imprescindible» para modernizar la sanidad pública, pero la falta de diálogo con los sindicatos y la Junta ha agravado el malestar. Sanz no mencionó si la Junta apoyará o bloqueará la huelga, pero su aval a los médicos sugiere que la región podría verse arrastrada a un conflicto que ya supera lo laboral.
Durante el desayuno de E.P. en el que se abordó la convocatoria de huelga, Sanz explicó que la Junta había firmado en julio un acuerdo con el SMA que establecía la no convocatoria de nuevas huelgas hasta 2027, pero que la situación actual obligaba a reconsiderar esa postura ante la presión de los profesionales sanitarios.
