El Tribunal Supremo rechazó aplicar la ley de amnistía a los independentistas; ahora el TC decide si su interpretación fue correcta o vulneró la voluntad del Parlamento
Carles Puigdemont y otros condenados por malversación en el procés podrían beneficiarse de la ley de amnistía tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de revisar los recursos presentados contra la interpretación del Tribunal Supremo. El alto tribunal inicia así el cierre de un conflicto judicial sin precedentes, donde jueces, fiscales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se posicionaron en contra de la norma antes incluso de su aprobación.
El Supremo, en una decisión criticada por su contradicción con el objetivo original de la ley, se negó a aplicar la amnistía a los principales dirigentes independentistas condenados por delitos de malversación, entre ellos Puigdemont, quien reside en Bélgica para evitar su detención. Esta interpretación, avalada por el CGPJ antes de que la ley entrara en vigor, fue cuestionada tanto por el TC como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ), que sí validaron su alcance.
El enfrentamiento entre poderes del Estado ha generado un descrédito institucional sin precedentes, según reflejan las encuestas, especialmente en el Supremo, cuya imparcialidad es cada vez más cuestionada por su postura contraria a la amnistía.
El Supremo rompe con la ley y el Parlamento
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo argumentó que la amnistía no podía aplicarse a los condenados por malversación, un criterio que chocaba directamente con el texto y la intención de las Cortes al aprobar la ley en junio de 2023. Esta decisión, calificada como una interpretación exótica por el texto fuente, supuso un giro radical respecto a la voluntad política y legal.
El CGPJ, presidido entonces por Carlos Lesmes, se pronunció en contra de la amnistía antes de su aprobación, sin que ningún partido o institución lo solicitara formalmente. Esta intervención anticipada, junto a la postura del Supremo, generó un clima de polarización judicial que trascendió lo estrictamente legal.
El TC y el UJUÉ avalan la ley, pero el Supremo resiste
Mientras el TC y el UJUÉ confirmaron la validez de la amnistía, el Supremo mantuvo su postura, lo que ha llevado a los afectados —incluidos Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas— a recurrir ante el Constitucional. Este tribunal ahora deberá determinar si la interpretación del Supremo vulneró los principios constitucionales y la soberanía parlamentaria.
El caso ha expuesto las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, con el Supremo actuando como un actor político en un conflicto que trasciende lo jurídico. La decisión del TC podría redefinir el alcance de la amnistía y sentar un precedente para futuros casos de conflicto entre tribunales y leyes aprobadas por las Cortes.
El descrédito institucional derivado de este enfrentamiento ha afectado especialmente a la imagen del Supremo, cuya imparcialidad es ahora objeto de debate público. Las encuestas reflejan un aumento de la desconfianza ciudadana hacia la justicia, un fenómeno agravado por la percepción de que el tribunal actuó al margen de la ley.
