La ponencia del presidente del Constitucional acusa a la Sala de lo Penal de incurrir en una contradicción «flagrante e insoluble» sobre el procés
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, propone anular los autos del Tribunal Supremo que negaron la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa por malversación. Su ponencia pide al Pleno que declare amnistiado ese delito y sostiene que el Supremo hizo una interpretación de la ley «manifiestamente contraria al espíritu y finalidad» de la norma.
El texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, considera que se vulneró el derecho de Bassa a la tutela judicial efectiva. La ponencia apunta a una contradicción interna del Supremo: la sentencia que condenó el procés negó que hubiera riesgo real de secesión, mientras los autos posteriores afirmaron lo contrario. Esa quiebra de racionalidad es, según el escrito, «flagrante e insoluble».
La postura de Conde-Pumpido era la esperada tras el Pleno del 22 de septiembre. En esa reunión, la mayoría del sector progresista acordó aplicar la amnistía también a la malversación por la que fueron condenados los líderes independentistas. Se debatía entonces la propuesta del magistrado conservador José María Macías, partidaria de avalar al Supremo en el caso del exconsejero Jordi Turull.
El rechazo a esa tesis tiene una consecuencia directa sobre Carles Puigdemont. El expresidente catalán y líder de Junts mantiene pendiente una orden de detención nacional. Si el Pleno respalda la ponencia de Conde-Pumpido, esa orden decae y Puigdemont podría regresar a España sin ser arrestado.
La ponencia se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio. Según el escrito, el tribunal europeo dejó claro que la obligación de perseguir el fraude no se aplica al riesgo de secesión de parte de un Estado miembro. Esa doctrina, añade, es «diametralmente opuesta» a la que sostuvo la Sala de lo Penal del Supremo.
El texto también reprocha al tribunal presidido entonces por Manuel Marchena dos pronunciamientos «recíprocamente inconciliables». Uno negó la idoneidad de los instrumentos jurídicos del procés para lograr la independencia. El otro, al ejecutar la condena, afirmó esa idoneidad. La decisión final queda en manos del Pleno del Constitucional.
