La consejera del Mar pide que se tengan en cuenta los datos socioeconómicos de la flota y exige a Noruega, Reino Unido e Irlanda que respeten los acuerdos internacionales
La consejera del Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde, ha trasladado este martes en Bruselas la preocupación del sector pesquero gallego por la previsión de recortes de cuotas de caballa y bacaladilla para 2027. Lo ha hecho durante su intervención en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, después de que el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, avanzara los primeros datos del informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
El informe del CIEM no se conocerá de forma oficial hasta el miércoles, pero los primeros datos que han salido a la luz apuntan a un horizonte negativo para las capturas de estas dos especies en 2027. Villaverde ha explicado que están «preocupados» por la información que adelantó el comisario. «Por lo que adelantó, estamos preocupados por la caballa y por la bacaladilla», ha dicho la consejera.
La caballa y la bacaladilla son dos de las especies que sostienen la economía de cientos de familias marineras en Galicia. La consejera ha recordado que estas pesquerías ya sufrieron «el año pasado recortes importantes, que penalizaron muchísimo a la flota gallega». Por ese motivo, ha pedido que «para salvaguardar la operatividad» de la flota «se tengan en cuenta no solamente el dictamen científico, sino también los datos socioeconómicos».
La petición de acuerdos con Noruega, Reino Unido e Irlanda
Además de reclamar que se ponderen los factores socioeconómicos junto al criterio científico, Villaverde ha instado a amarrar acuerdos firmes con el Reino Unido, Noruega e Irlanda. La consejera ha exigido «que se consiga que esos Estados respeten las recomendaciones» y el resto de los pactos internacionales firmados.
La petición tiene un recorrido concreto: buena parte de los stocks de caballa y bacaladilla que pesca la flota gallega se gestionan de forma compartida con esos países, por lo que las cuotas que fija la Unión Europea no dependen solo de Bruselas. Si los Estados vecinos no aplican las mismas recomendaciones científicas, la reducción que se acuerde en la UE puede quedar descompensada para los barcos comunitarios.
Villaverde también ha aprovechado su intervención para trasladar al comisario la preocupación por la falta de renovación del acuerdo pesquero con Mauritania, que expira el 15 de noviembre. Según ha trasladado, se trata de un acuerdo «vital para empresas armadoras de capital gallego» y para barcos gallegos.
15 de noviembre vence acuerdo con Mauritania
El acuerdo con Mauritania es uno de los principales que sostiene la actividad de la flota española en aguas africanas. Su expiración el 15 de noviembre deja a los armadores gallegos sin el marco que regula el acceso a un caladero al que acuden habitualmente, y la renovación depende de una negociación entre la Comisión Europea y las autoridades mauritanas que aún no ha concluido.
La advertencia de la consejera llega en un contexto de presión sobre el sector pesquero gallego por varias vías a la vez. A la previsión de recortes en caballa y bacaladilla se suma la incertidumbre sobre Mauritania, de modo que la flota afronta la planificación de 2027 con dos frentes abiertos: las cuotas que se fijen en Bruselas y el acceso a los caladeros exteriores.
El Consejo de Agricultura y Pesca de la UE reúne a los ministros y consejeros del ramo de los Estados miembros para coordinar la posición comunitaria antes de que la Comisión fije los totales admisibles de capturas. Es en ese foro donde las comunidades autónomas con peso pesquero, como Galicia, trasladan su posición antes de que se cierren las negociaciones con terceros países.
La publicación oficial del informe del CIEM el miércoles será el siguiente paso. Sus recomendaciones científicas son la base sobre la que la Comisión Europea propone después los recortes o aumentos de cuota para cada especie, un proceso que se prolonga durante los meses previos al cierre del año y en el que el sector pesquero gallego ya ha advertido de que volverá a reclamar que se ponderen los efectos económicos sobre las familias marineras.
