Salvador Illa anuncia en el debate de política general que la Generalitat asumirá al menos el 50% de la compra de pisos para quienes tienen ingresos estables pero no logran financiación bancaria
La Generalitat asumirá por lo menos la mitad del coste de la compra de una vivienda para mayores de 40 años con ingresos estables que no consiguen una hipoteca. Lo ha anunciado el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debate de política general del Parlament, su tercer debate de este tipo desde que asumió el cargo.
Illa ha enmarcado la medida en su objetivo de que el acceso a la vivienda deje de ser un motivo de angustia para los ciudadanos y un motor de desigualdad. El president ha prometido llegar hasta donde le permita la ley y, si la ley no se lo permite, cambiarla.
La iniciativa no tiene equivalente en ninguna otra comunidad autónoma, según la ha presentado el propio Illa. El colectivo al que se dirige es concreto: personas de más de 40 años que tienen un trabajo y unos ingresos regulares, pero que las entidades financieras no consideran sujetos de crédito para una hipoteca.
Quién paga la otra mitad y con qué condiciones
El anuncio deja abiertos los detalles de cómo se articula el pago del resto del precio de la vivienda. La Generalitat no ha concretado si la otra mitad la aporta el comprador con recursos propios, con un préstamo bancario o con una combinación de ambos. Tampoco ha detallado el importe máximo que cubrirá por operación ni el número de beneficiarios previstos.
El president tampoco ha precisado el coste total del programa para las cuentas públicas catalanas. La medida se enmarca en un debate de política general, el formato en el que el Govern presenta sus prioridades de legislatura y que no implica por sí mismo la aprobación de ninguna partida presupuestaria.
El aval público como fórmula ya usada en España
La fórmula que ha anunciado Illa se apoya en un instrumento que ya existe en el sistema público español: el aval. El Estado y varias comunidades han usado avales para que los bancos concedan hipotecas a colectivos que no las obtienen por su cuenta, cubriendo parte del riesgo de impago. La diferencia en este caso es el porcentaje: la Generalitat habla de asumir al menos la mitad del coste de la compra, no solo de garantizar un porcentaje menor del préstamo.
Ese diseño obliga a resolver antes una cuestión técnica. Si la Generalitat pone la mitad del dinero, necesita definir si lo hace como avalista, como copropietaria de la vivienda o como prestamista del comprador. Cada una de esas vías tiene consecuencias distintas en el registro de la propiedad y en las cuentas de la Generalitat.
El tercer debate de política general de Illa
Illa ha elegido este foro, y no una comparecencia ordinaria, para presentar la medida. El debate de política general es la sesión en la que el president repasa su gestión ante el Parlament y marca el rumbo del curso. Al ser su tercer debate desde que llegó a la presidencia, el anuncio llega con el Govern ya en marcha y con la vivienda instalada como uno de los asuntos que más presión genera sobre los ejecutivos autonómicos.
El acceso a la vivienda figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos en las encuestas y es materia de competencia autonómica en buena parte de su desarrollo. Eso explica que las comunidades hayan ido aprobando medidas propias en los últimos años, desde topes al alquiler hasta programas de aval para jóvenes. La propuesta de Illa se distingue por el umbral de edad, 40 años, y por el porcentaje comprometido.
