Sumar amenaza con plantar el Consejo de Ministros del martes si no se incluyen sus exigencias, mientras Junts avisa de que no votará nada que afecte al pequeño propietario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que trabaja «a contrarreloj» para sacar adelante el decreto de vivienda, rebautizado como decreto Maricarmen por los acampados en la Puerta del Sol. Sánchez ha reclamado a sus socios «un último esfuerzo» para acordar el texto. El decreto será aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes.
La petición llega con menos de 48 horas para negociar. Sánchez tiene sobre la mesa dos amenazas. Sumar advierte de que se plantará si no se incluyen todas sus exigencias. Junts ya avisa de que no votará a favor de nada que se salga de sus planteamientos.
Tras una manifestación en la tarde del sábado que acabó en acampada en la madrileña Puerta del Sol, Sánchez ha asegurado que llegar a un entendimiento para el decreto de vivienda «no es una cuestión de ideología», sino de «humanidad». Sus aliados no parecen verlo así.
Las exigencias de Sumar y el aviso de Junts
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no les vale «cualquier decreto» y que no están dispuestos a «contentar a la derecha». La referencia apunta a las negociaciones que el ala socialista del Ejecutivo lleva días manteniendo con los de Carles Puigdemont.
«No nos vale cualquier real decreto», ha aseverado Díaz en la Fiesta del PCE. Ha reclamado una norma que dé un paso al frente para abordar la gravedad del problema de la vivienda. También ha exigido un texto que «le meta mano a los fondos buitre».
El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha desgranado las peticiones de Sumar. Son la moratoria de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga automática de todos los contratos de arrendamiento y la congelación de los precios de los alquileres. La lista incluye además una regulación clara de los arrendamientos para uso turístico y de temporada, y la renovación automática de los contratos de alquiler mientras se destinen a uso residencial. «Hasta que eso no quede satisfecho va a haber un plante», ha sentenciado Santiago.
El aviso choca con la posición de Junts. El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha explicado que están dispuestos a incluir medidas para «parar los pies» a los fondos buitre. También acepta bonificar fiscalmente a los arrendadores «para que la gente tenga seguridad jurídica y vea en aquello facilidades para poner los pisos en alquiler». «El Gobierno lo sabe, si quieren mezclar cosas, no van a tener nuestro voto», ha sostenido Turull. Los posconvergentes ya se sumaron a PP y Vox para tumbar la prohibición de los desahucios y la prórroga de los alquileres.
La cuadratura del círculo del PNV y el trágala de Podemos
Ante posiciones tan diversas, el líder del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a echar mano de sus apelaciones a buscar la «cuadratura del círculo». Ha defendido que «no se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral». Esteban ha pedido a los partidos del Gobierno que no planteen una negociación de «máximos» y busquen un «mínimo común denominador» que permita sacar adelante el decreto el próximo martes.
La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha denunciado que el Gobierno negocie con Junts y el PNV para «hacer un trágala a toda la gente acampada». «Esta vez el trágala tiene que ser para los rentistas y especuladores», ha sostenido. Montero ha hecho un llamamiento a agrandar la acampada en la Puerta del Sol.
Desde el kilómetro 0 de España ha llegado a Sánchez la última de las amenazas. La ha lanzado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que exige que el decreto Maricarmen incluya los «alquileres indefinidos». «Tenemos un plan muy concreto y seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo hasta conseguir los contratos indefinidos», ha advertido su portavoz, Alicia del Río, ante el centenar de tiendas de campaña instaladas en el centro de la capital.
El desahucio que originó la acampada
La movilización en la Puerta del Sol responde al desahucio de Maricarmen, que da nombre al decreto. La acampada se mantiene con un centenar de tiendas de campaña en el centro de Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Madrid exige que el texto incluya contratos indefinidos.
El decreto de vivienda es un real decreto-ley, una norma que el Gobierno puede aprobar sin pasar antes por el Congreso. El Ejecutivo lo convalida después en la Cámara baja, donde necesita mayoría simple. Es ahí donde entra la aritmética parlamentaria que Sánchez trata de cerrar.
El PSOE gobierna en coalición con Sumar, pero no tiene mayoría propia. Para convalidar el decreto necesita los votos de sus socios de investidura. Junts y PNV son dos de los grupos cuyo apoyo resulta determinante. La negativa de cualquiera de ellos dejaría el texto sin los números necesarios.
La votación de convalidación es también un termómetro político. Un rechazo en el Congreso obligaría al Gobierno a rehacer el texto o a buscar otra vía. El desenlace del martes marcará el margen de maniobra del Ejecutivo para el resto de la legislatura.
El presidente del Gobierno vincula el ático de Ayuso a la crisis habitacional y anuncia un texto legal «contrarreloj» para el Consejo de Ministros del martes
Pedro Sánchez evitó comprometerse hoy con una fecha concreta para la aprobación del decreto de vivienda que su partido impulsará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Durante la presentación de candidaturas del PSOE en Madrid, el presidente del Gobierno respondió a Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles, asegurando que el texto se llevará «contrarreloj» al Ejecutivo, aunque sin garantizar su aprobación inmediata.
El decreto, impulsado por Sumar, busca frenar los desahucios y regular el mercado de alquileres, un problema que Sánchez calificó como «de humanidad, no de ideología». El líder socialista acusó al Partido Popular (PP) de practicar una «oposición tóxica» y criticó duramente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por su gestión del ático de 200 metros cuadrados en plena crisis habitacional. «¿Cómo te va a parecer mal un ático de 200 metros de terraza?», cuestionó Sánchez, vinculando directamente el caso con la falta de políticas sociales efectivas.
El decreto se enmarca en un contexto de creciente presión social por la vivienda, con más de 200.000 familias en riesgo de desahucio según datos recientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La medida, sin embargo, enfrenta resistencia en el Congreso, donde el PP y Vox han bloqueado iniciativas similares en los últimos meses. Sánchez no mencionó explícitamente a estos partidos, pero su referencia a la «oposición tóxica» apunta a un escenario de tensiones parlamentarias.
El texto legal, si se aprueba, entraría en vigor de forma inmediata y priorizaría la protección de colectivos vulnerables, como mayores o familias con hijos. La presentación en Getafe, municipio con alta demanda de vivienda social, subraya la urgencia del tema en la agenda política madrileña. El PSOE busca capitalizar el malestar ciudadano para las elecciones autonómicas de 2027, donde la vivienda será uno de los ejes centrales de su campaña.
Actualización (27 de septiembre a las 13:42):
El presidente del Gobierno pide a los grupos parlamentarios ‘un último esfuerzo’ para convalidar la medida en el Parlamento
Pedro Sánchez anunció hoy en Getafe que el Gobierno presentará el próximo martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley sobre vivienda para «aliviar la emergencia habitacional» que afecta a millones de españoles. El presidente del Ejecutivo vinculó la medida con el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada esta semana en Madrid, a quien dirigió un mensaje directo: «Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contra reloj para llevar este decreto».
Sánchez recordó que la anciana le pidió medidas concretas tras su desahucio y subrayó que la iniciativa no es una «cuestión de ideología», sino de «humanidad». La convalidación parlamentaria de la norma dependerá ahora de la negociación con los grupos, a los que instó a «un último esfuerzo» para aprobarla.
El decreto se enmarca en una crisis de vivienda que el Gobierno ya había señalado como prioridad, aunque hasta ahora no se había concretado en una medida urgente. La referencia explícita a Maricarmen —cuyo caso ha movilizado a colectivos sociales— eleva el tono político del anuncio, al vincular la emergencia habitacional con un rostro concreto.
El marco legal: ¿qué puede hacer un real decreto ley?
Un real decreto ley permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley en situaciones de urgencia, sin necesidad de pasar por el trámite ordinario parlamentario. Sin embargo, requiere convalidación en el Congreso en un plazo de 30 días para mantener su validez. Si no se aprueba, pierde efecto. En este caso, el Ejecutivo apuesta por una vía rápida para evitar desahucios, aunque su éxito dependerá de la negociación con la oposición.
La medida llega en un contexto de creciente presión social por la vivienda, con casos como el de Maricarmen —que ha sido desahuciada pese a ser mayor de 80 años— como símbolo de una crisis que afecta especialmente a colectivos vulnerables. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, más de 3,5 millones de hogares en España destinan más del 40% de sus ingresos a pagar alquiler, un umbral considerado de riesgo.
¿Qué se juega cada actor?
Para el Gobierno, la aprobación del decreto es una oportunidad política para mostrar acción ante un problema social urgente, especialmente en vísperas de posibles movilizaciones ciudadanas. El PSOE, que ha sido criticado por su gestión en vivienda, busca capitalizar el caso de Maricarmen para reforzar su imagen como partido cercano a los colectivos más afectados.
La oposición, en cambio, podría usar el debate parlamentario para presionar al Ejecutivo. Partidos como el PP o Vox podrían exigir modificaciones en el texto, como límites más estrictos a los alquileres turísticos o ayudas directas a los inquilinos, aunque hasta ahora no han mostrado una postura unificada. La convalidación sin enmiendas sería la opción más rápida, pero también la que menos margen deja para negociar.
El plazo es ajustado: el decreto debe ser aprobado en el Consejo de Ministros del martes y luego convalidado antes del 12 de octubre. Si no se logra, la medida quedaría en papel mojado, dejando sin respuesta a miles de familias en riesgo de desahucio.
El presidente pide a sus socios parlamentarios un ‘último esfuerzo’ para convalidar la norma antes del martes, mientras miles exigen soluciones a la crisis habitacional
Pedro Sánchez ha trasladado este domingo al Congreso la responsabilidad de aprobar el real decreto de vivienda, que el Gobierno planea llevar al Parlamento el próximo martes, tras las protestas masivas en la Puerta del Sol. El presidente, desde Getafe, evitó asumir las críticas por la gestión de la crisis habitacional, pero vinculó el texto legal al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el miércoles, cuyo caso ha encendido las movilizaciones.
Sánchez pidió a los grupos parlamentarios un ‘último esfuerzo’ para que la norma sea convalidada, evitando así un debate político que podría retrasar su aplicación. Las protestas, que reunieron a cientos de personas acampadas en Sol, corearon consignas como ‘Gobierno progresista, hipócrita y rentista’ durante la marcha del sábado por Madrid.
El decreto, que el Ejecutivo trabaja ‘contrarreloj’, busca frenar desahucios y regular el mercado de alquileres, pero su tramitación parlamentaria depende ahora de la voluntad de los socios de Sánchez en el Congreso, especialmente del PSOE y Sumar, que deberán evitar enmiendas o bloqueos que paralicen su aprobación.
El caso de Maricarmen y el detonante de las protestas
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años sin recursos, se ha convertido en el símbolo de la crisis de vivienda en España. Su expulsión del hogar el pasado miércoles, pese a las peticiones de ayuda, desencadenó una ola de indignación que llevó a miles a las calles de Madrid. El Gobierno ha vinculado el decreto de vivienda directamente a su caso, aunque las organizaciones de inquilinos exigen medidas más contundentes, como la paralización inmediata de desahucios y un fondo de emergencia habitacional.
¿Qué implica este decreto para el mercado inmobiliario?
El real decreto, que el Gobierno espera aprobar antes del martes, incluye medidas como la limitación de los precios en zonas pensionadas y la creación de un bono alquiler joven. Sin embargo, su eficacia depende de su aplicación real y de la colaboración de las comunidades autónomas, que tienen competencias en vivienda. Mientras, el PP y Vox han criticado la intervención estatal en el mercado, acusando al Gobierno de ‘controlar’ los precios sin soluciones estructurales.
Las protestas en Sol, que se mantienen desde el sábado, reflejan el descontento de un sector de la población que ve insuficientes las respuestas del Ejecutivo. La presión social podría aumentar si el decreto no se aprueba a tiempo o si las medidas resultan insuficientes para frenar la escalada de precios y los desahucios.
