El caso de Maricarmen reactiva las conversaciones con independentistas y socialistas, pero el texto aún debe superar un mes de negociaciones antes de su convalidación en el Congreso
Isabel Rodríguez lidera desde el Ministerio de Vivienda las negociaciones con Junts y Podemos para aprobar un decreto ley este martes que regule alquileres y limite desahucios, tras el estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen. Fuentes del Gobierno confirman que el texto, aún en fase de ajustes, busca un equilibrio entre la prohibición de desahucios exigida por la izquierda y las garantías para propietarios reclamadas por Junts, que por primera vez en meses ha aceptado sentarse a negociar.
El decreto, que podría entrar en vigor de inmediato tras su aprobación en Consejo de Ministros, incluirá una medida clave: paralizar desahucios hasta que la administración ofrezca alternativa habitacional al inquilino vulnerable, asumiendo el Estado los costes de la renta impagada durante ese plazo. Esta propuesta, similar a la planteada meses atrás por Junts, busca evitar la «inquiokupación» sin prohibir los desahucios por impago, un punto de fricción con Podemos, que ya advirtió en julio de su rechazo a cualquier reforma que relaje las regulaciones urbanísticas.
El Gobierno valora como avance el hecho de que Junts haya iniciado conversaciones, algo que la formación liderada por Carles Puigdemont había descartado públicamente hasta ahora. Fuentes de Junts confirmaron este jueves que el PSOE «estudia» sus propuestas, entre las que destacan deducciones fiscales para compradores de vivienda, exenciones de IVA para menores de 35 años y la cesión a la Generalitat de inmuebles de la Sareb en Cataluña. Estas medidas, presentadas en abril como proposición no de ley, ya estaban parcialmente incluidas en el borrador de julio, pero Junts exigía ampliar las deducciones a todos los inquilinos —no solo a jóvenes— y añadir desgravaciones para pequeños propietarios hipotecados.
Mientras, Ione Belarra (Podemos) y Míriam Nogueras (Junts) mantenern posturas opuestas: los independentistas priorizan incentivos fiscales para propietarios, mientras la izquierda insiste en medidas sociales como la suspensión indefinida de desahucios. El Ejecutivo, con Rodríguez como interlocutora directa, intenta compatibilizar ambas visiones, aunque el plazo para cerrar un acuerdo es ajustado: tras la aprobación del decreto, habrá un mes para negociar antes de su votación en el Congreso.
El caso de Maricarmen, una anciana desahuciada el miércoles, ha acelerado el proceso. Rodríguez reconoció este jueves que el «estallido social» ha acercado posturas que antes estaban «más distanciadas». No obstante, el texto definitivo aún debe superar obstáculos: Junts exige garantías fiscales, Podemos rechazar tocar la ley del suelo, y el Gobierno debe asegurar el apoyo parlamentario antes de someter el decreto a convalidación.
El mecanismo legal: cómo funcionan los desahucios y qué propone el Gobierno
La legislación actual establece que, tras una orden de lanzamiento, hay un plazo de cuatro meses para que las administraciones competentes (comunidades autónomas o ayuntamientos) ofrezcan una alternativa habitacional. Si no lo hacen, el desahucio se reactiva. El decreto del Gobierno propone modificar este plazo: tras los cuatro meses iniciales, el desalojo seguiría paralizado hasta que el inquilino vulnerable tenga una solución, pero sería la administración —no el propietario— quien asumiera los costes de la renta impagada durante ese periodo. Esta fórmula, ya planteada por Junts, busca evitar la «inquiokupación» (ocupaciones ilegales) sin prohibir los desahucios por impago, un punto de equilibrio entre las demandas de la izquierda y las preocupaciones de los propietarios.
El texto también incluye medidas para regular los alquileres, aunque los detalles concretos aún no están cerrados. Fuentes del Ministerio de Vivienda señalan que el enfoque se centra en evitar que los propietarios asuman riesgos económicos por inquilinos en situación de vulnerabilidad, algo que Junts ha utilizado como argumento para negociar. La formación independentista, que actúa en la práctica como oposición junto al PP y Vox, ha condicionado su apoyo a cesiones fiscales que beneficien a los propietarios, como deducciones por compra de vivienda o exenciones de impuestos para inquilinos con rentas bajas.
El contexto político: por qué Junts negocia ahora y qué se juega cada actor
Junts lleva meses rechazando negociar con el Gobierno, pero el caso de Maricarmen ha cambiado la dinámica. Fuentes de la formación confirmaron que entregaron a Pedro Sánchez un paquete de medidas en julio, aunque el Ejecutivo las consideró insuficientes. Ahora, la presión social y el riesgo de quedar aislados en el debate de la vivienda han llevado a Puigdemont a sentarse a la mesa. Para Junts, el objetivo es evitar que el decreto se apruebe sin su apoyo, algo que podría debilitar su imagen como alternativa de gobierno en Cataluña.
Por su parte, Podemos mantiene una línea roja clara: no apoyará ninguna reforma que relaje la ley del suelo, un punto clave en el borrador de julio impulsado por el PSOE y el PNV. La formación morada ya advirtió en julio que vetaría cualquier texto que facilitara la construcción de vivienda sin garantías sociales, una postura que choca con las propuestas de Junts y con el interés del Gobierno por aprobar el decreto con el mayor consenso posible.
El Gobierno, por su parte, valora cualquier avance. Aunque el decreto podría aprobarse este martes, su convalidación en el Congreso no está garantizada sin el apoyo de Junts y Podemos. Sánchez y Rodríguez apuestan por el caso de Maricarmen como catalizador, pero el plazo es corto: tras la aprobación, habrá un mes para cerrar un acuerdo antes de la votación. Si no se logra, el decreto entraría en vigor por decreto ley, pero sin el respaldo parlamentario que le daría estabilidad.
El escenario más probable es que el texto se apruebe con los votos del PSOE, Sumar y parte de ERC, pero sin Junts ni Podemos. Sin embargo, el Gobierno confía en que las negociaciones en curso permitan incorporar al menos algunas de las medidas exigidas por ambas formaciones, especialmente en materia de desahucios y fiscalidad.
Qué pasa después: cronología y siguientes pasos
Si el decreto se aprueba este martes en Consejo de Ministros, entraría en vigor de inmediato, aunque su aplicación práctica dependería de los acuerdos posteriores con comunidades autónomas y ayuntamientos. El plazo para negociar con Junts y Podemos es de un mes: tras ese periodo, el texto debería someterse a votación en el Congreso para su convalidación definitiva.
Si no se logra un acuerdo, el decreto se mantendría en vigor por decreto ley, pero sin el respaldo parlamentario que le daría estabilidad a largo plazo. El Gobierno ya ha confirmado que priorizará las medidas con mayor consenso, especialmente las relacionadas con los desahucios, donde la presión social es mayor. Las propuestas fiscales de Junts, en cambio, podrían quedar relegadas a una fase posterior, cuando el Ejecutivo evalúe su viabilidad legal y política.
En cualquier caso, el caso de Maricarmen ha cambiado el debate. La ministra Rodríguez ya ha señalado que el «estallido social» ha obligado a acelerar las negociaciones, y es probable que el decreto incluya medidas más contundentes de las inicialmente previstas. La pregunta ahora es si será suficiente para evitar nuevos casos como el de la anciana desahuciada, o si el conflicto por la vivienda seguirá abierto.
