Sumar propone usar una ley franquista de 1954 para evitar el desahucio de la anciana de 87 años en Madrid, pero el proceso judicial podría alargarse meses
Maricarmen, una anciana de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid tras vivir allí desde 1956, recuperará su hogar la próxima semana gracias a una expropiación forzosa impulsada por el Gobierno. La medida, que llegará al Consejo de Ministros, usa una ley de 1954 heredada de la dictadura franquista para justificar la intervención estatal, aunque el proceso podría acabar en tribunales.
La vivienda, ubicada en la avenida Alcalde Sainz de Baranda —una zona céntrica donde el alquiler supera los 2.000 euros mensuales—, será expropiada para evitar el desahucio. El Ejecutivo deberá justificar minuciosamente la decisión ante posibles recursos judiciales, ya que las expropiaciones forzosas suelen generar disputas, especialmente en la fijación del precio a pagar al propietario.
La medida, impulsada por Sumar, reactiva un debate sobre el uso de leyes heredadas del franquismo para solucionar crisis sociales. La ley de 1954, vigente desde hace siete décadas, exige una justificación detallada y prevé que el proceso pueda alargarse meses, incluso años, si el propietario recurre.
Maricarmen, que vivía en el inmueble desde 1956, fue desalojada a instancias de un fondo de inversión. Su caso ha movilizado a colectivos sociales y partidos políticos, que exigen soluciones urgentes para evitar desahucios en situaciones de vulnerabilidad extrema.
El precedente de una ley franquista aún vigente
La ley de expropiaciones forzosas de 1954, promulgada por el régimen de Francisco Franco, sigue siendo la base legal para intervenciones estatales en propiedades privadas. Aunque su aplicación es excepcional, el Gobierno ha optado por este mecanismo para garantizar el derecho a la vivienda de Maricarmen, priorizando la urgencia social sobre los plazos judiciales.
El proceso implicará una valoración técnica del inmueble y negociaciones con el propietario, que podría impugnar la decisión. Según portales inmobiliarios, la zona donde se ubica la vivienda —entre los barrios de la Estrella y Fuente del Berro, cerca del parque del Retiro— registra precios de compra que superan el millón de euros, lo que complica aún más la fijación de una indemnización justa.
¿Qué pasa ahora? El camino judicial y las reacciones políticas
El Consejo de Ministros aprobará la expropiación la próxima semana, pero el siguiente paso será la valoración oficial del inmueble por parte de la Administración. El propietario —un fondo de inversión— podría recurrir la decisión, lo que prolongaría el proceso durante meses o incluso años, según precedentes similares.
Mientras, partidos como Sumar, PSOE y Podemos han mostrado su apoyo a la medida, aunque advierten de que el caso de Maricarmen no debe ser una excepción, sino el inicio de una reforma más amplia en la ley de vivienda. Por su parte, la oposición —especialmente PP y Vox— podría criticar la intervención estatal, argumentando que se vulneran derechos de propiedad, aunque hasta el momento no han reaccionado públicamente.
El caso de Maricarmen, además, pone sobre la mesa la necesidad de revisar leyes heredadas de la dictadura que aún regulan aspectos clave de la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda. Mientras el Gobierno avanza con la expropiación, colectivos sociales exigen que se aceleren los plazos para evitar que otros casos similares terminen en desahucios forzosos.
Sigue la cobertura: Sumar exige expropiar el piso de Maricarmen y el decreto de vivienda
