Documentos de la Audiencia Nacional revelan un proceso de autorización con actas diarias y mediación de Zapatero, imputado por desvío de procedimiento
La Audiencia Nacional ha recibido más de 600 folios con correos electrónicos entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Plus Ultra, que detallan el proceso previo al rescate público de 53 millones de euros en marzo de 2021. Entre ellos, más de cien mensajes intercambiados antes de la aprobación del Consejo de Ministros el 9 de marzo, donde la SEPI solicitaba documentación y aclaraciones a la aerolínea.
Los documentos, entregados por el exCEO Roberto Roselli al juez José Luis Calama, incluyen también veinte actas elaboradas por Plus Ultra para informar a la SEPI sobre la gestión diaria tras recibir el rescate. Según la investigación, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por haber intervenido en un proceso que, según los correos, debería haber seguido un procedimiento distinto al documentado.
La SEPI, organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda, es la encargada de gestionar participaciones estatales en empresas estratégicas. Su intervención en rescates requiere un proceso riguroso de evaluación de viabilidad económica y cumplimiento de criterios legales, como establece la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. En este caso, los correos revelan un intercambio fluido entre ambas partes, pero la imputación de Zapatero sugiere que hubo un desvío en el procedimiento habitual.
El rescate de Plus Ultra, aprobado en plena pandemia, fue uno de los pocos casos en los que el Estado intervino directamente en una aerolínea privada. La compañía, con sede en Málaga, operaba vuelos nacionales e internacionales antes de su crisis financiera. La documentación ahora en manos de la Audiencia Nacional podría aclarar si hubo irregularidades en la mediación de Zapatero, quien ya enfrenta otras imputaciones por casos como el de las tarjetas black.
El juez Calama investiga si el proceso de rescate cumplió todos los requisitos legales y si la intervención de Zapatero afectó a la transparencia del procedimiento. Mientras, la SEPI mantiene su papel como garante de que las ayudas públicas se destinan a empresas viables y con planes de sostenibilidad, según su marco normativo.
