El holding estatal acumula 16.500 millones de deuda y 7.300 millones de negocio en 2025, mientras la Justicia avanza en ‘caso Leire’, rescate de Plus Ultra y Air Europa
Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Bartolomé Lora, vicepresidente, enfrentan tres investigaciones judiciales que han paralizado la toma de decisiones en el holding. La plantilla describe un escenario de «pánico» ante la firma de actas, mientras la Justicia avanza en el ‘caso Leire Díez’, el rescate de Plus Ultra —vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero— y las dudas sobre el rescate de Air Europa (475 millones).
El ‘contagio’ de la corrupción ha convertido a la SEPI en un foco de descontrol interno, con una deuda récord de 16.500 millones en 2025 —el doble que en 2021, cuando Gualda asumió el cargo— y un crecimiento del negocio hasta los 7.300 millones, impulsado por Tragsa y la recuperación de Correos bajo su gestión. Sin embargo, la sombra de la trama de Leire Díez —ex fontanera de Ferraz— persiste: su red de corrupción operó entre 2021 y 2023, justo cuando Gualda suprimió la Dirección de Planificación y Control, clave para supervisar gastos como los del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), usado en rescates polémicos como los de Plus Ultra, Air Europa, Tubos Reunidos o Duro Felguera.
La crisis reputacional se agrava con la inminente salida de la cúpula actual. Fuentes internas vinculan la parálisis a la anticipación de un cambio de Gobierno tras la caída en las encuestas de Pedro Sánchez, que arrastraría relevos en la SEPI. Mientras, filiales como Navantia o empresas participadas (Indra, Telefónica, Redeia) ven cómo sus consejeros dominicales optan por la abstención en decisiones clave.
El ‘caso Leire’ —que llevó a la detención de Vicente Fernández, predecesor de Gualda— y el rescate de Plus Ultra (53 millones, con pagos de 500.000 euros a un grupo vinculado a Zapatero) son los frentes más urgentes. Aunque la crisis de Ceuta y el parón judicial de agosto aliviaron temporalmente la presión, fuentes consultadas advierten de que la Justicia volverá a centrar su atención en las próximas semanas.
La supresión de la Dirección de Control en 2021, impulsada desde la etapa de Fernández, ha sido clave en la actual crisis. Este departamento supervisaba partidas como las del FASEE, donde se aprobaron rescates sin el escrutinio necesario. La decisión, según fuentes internas, se fraguó entre 2021 y 2023, coincidiendo con el pico de actividad de la trama de Díez.
El legado de Vicente Fernández y la sombra de Leire Díez
Fernández, detenido en 2024 por su presunta implicación en la red de corrupción, mantuvo influencia en la SEPI incluso tras su dimisión formal. Su gestión dejó una estructura opaca que Gualda heredó y profundizó al eliminar el departamento de control, según fuentes cercanas. La trama de Díez —que incluía sobornos a cambio de contratos en empresas como Correos— operó con libertad durante esos años, sin supervisión efectiva.
El rescate de Plus Ultra, con pagos a un grupo vinculado a Zapatero, y el de Air Europa (475 millones) son los casos que más preocupan. Mientras, la deuda de la SEPI ha crecido un 100% desde 2021, alcanzando los 16.500 millones en 2025. Este endeudamiento contrasta con el récord de negocio (7.300 millones), impulsado por Tragsa y Correos, pero también por decisiones de gasto sin el control previo.
¿Qué se juega cada actor?
Para la SEPI, el riesgo es doble: por un lado, la pérdida de credibilidad ante inversores y socios; por otro, la posible intervención judicial en sus filiales. Correos, bajo la dirección de Juan Manuel Serrano (también investigado por el caso Leire), vivió su peor crisis en años, mientras Navantia y Tragsa ven cómo sus proyectos estratégicos se ven frenados por la incertidumbre.
Políticamente, el PSOE y el PP observan el caso con lupa. El primero, por la vinculación de altos cargos como Zapatero; el segundo, por la oportunidad de usar la corrupción como arma electoral. Mientras, la plantilla de la SEPI teme por su futuro: la parálisis en decisiones estratégicas afecta a proyectos clave, desde la modernización de Correos hasta la expansión de Navantia en defensa.
La crisis de Ceuta y el parón judicial de agosto han dado un respiro temporal, pero la Justicia ya ha reanudado sus investigaciones. El próximo informe del Tribunal de Cuentas sobre los rescates del FASEE podría ser determinante, al igual que las declaraciones de los implicados en el caso Leire.
La SEPI, en definitiva, enfrenta un escenario sin precedentes: una combinación de corrupción, deuda récord y falta de liderazgo que amenaza su estabilidad. Mientras, las filiales y empresas participadas —desde Indra hasta Telefónica— ven cómo su margen de maniobra se reduce en un contexto de incertidumbre política y judicial.
El alcance de la parálisis no se limita a la cúpula: según las mismas fuentes, el pánico a firmar actas oficiales se extiende a funcionarios y altos cargos de todo el perímetro, incluidos los consejeros dominicales que representan a la SEPI en empresas participadas como Indra, Telefónica o Redeia, donde la abstención se ha convertido en la salida más habitual ante cualquier decisión relevante. A ello se suma el carácter de Gualda, descrito internamente como más desconfiado hacia fuera y hacia dentro, un rasgo que ya venía ralentizando decisiones de sus subordinados en los últimos años y que ahora se agudiza con el cerco judicial.
En la casa, además, subrayan que nunca se había vivido un bache semejante, con la particularidad de que los tres frentes judiciales —el caso Leire, Plus Ultra y Air Europa— avanzan en paralelo y proyectan una imagen de descontrol interno difícil de revertir mientras no se produzca el relevo en los puestos de mando del holding y de sus filiales.
