La suspensión cautelar del CERA por el Tribunal Supremo reaviva la tensión con el Gobierno, que cuestiona la imparcialidad de sus magistrados
El PSOE ha acusado al Tribunal Supremo de actuar con motivaciones políticas al frenar cautelarmente el voto de miles de españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. La decisión, adoptada ayer, suspende la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad tras la entrada en vigor de la norma, que ya benefició al PP en las elecciones de 2023 al arrebatarle al PSOE el último diputado en Madrid.
El Supremo justifica la medida por el crecimiento excepcional del censo exterior: desde 2023, el número de electores en el extranjero ha aumentado en 408.262 personas, hasta alcanzar los 2,73 millones. Los magistrados alertan de un «peligro fundado» para la transparencia electoral, aunque la medida es cautelar y no afecta a la nacionalidad de los afectados. La magistrada Alicia Millán disiente, tachando el riesgo de «hipótesis futura e incierta» y advirtiendo de un perjuicio inmediato a los votantes.
La respuesta del Gobierno ha sido contundente. Óscar Puente, ministro de Transportes, «atacó directamente al ponente del auto, Antonio Narváez«, recordando que este participó en una reunión con Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones de 2023, donde expresó su deseo de que ganara el PP. «Luego quieren que creamos que juzgan con imparcialidad«, escribió Puente en redes, una crítica que el PSOE ha extendido a otros sectores judiciales. Patxi López calificó la decisión de «barbaridad», mientras Ángel Víctor Torres cuestionó la presunción de que estos votantes puedan favorecer a un partido.
El episodio reabre una grieta ya abierta hace una semana, cuando Puente cuestionó la imparcialidad de la jueza María Tardón —investigadora de la crisis de Ceuta— por su pasado como concejala independiente en listas del PP. Pedro Sánchez, aunque evitó usar el término «imparcialidad», reconoció en TVE que ese pasado era un «hecho objetivo». La tensión escaló ayer, solo 24 horas después de que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, advirtiera en un acto con el rey Felipe VI contra atribuir motivaciones políticas a las decisiones judiciales.
El conflicto trasciende lo jurídico. El PP se benefició en 2023 del voto exterior gracias a la Ley de Memoria Democrática, que permitió nacionalizar a miles de descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. Ahora, el Supremo actúa para evitar un impacto similar en futuras elecciones, pero el Gobierno denuncia una «caza de brujas» contra los afectados. La discusión legal continuará en el Supremo, pero la política ya ha saltado: el PSOE acusa al Tribunal de renunciar a cualquier apariencia de neutralidad.
