Carlos, un argentino con pasaporte español desde 2020, encarna el dilema: rechaza a Sánchez pero desconfía de que la derecha resuelva su expediente pendiente en el consulado
Más de cuatro millones de hispanoamericanos con ciudadanía española —como Carlos, un argentino que llegó a Madrid hace seis años— ven cómo su situación se complica por la polarización política. Aunque muchos, como él, votan tradicionalmente a la derecha por su experiencia con gobiernos de izquierdas en sus países de origen, temen que la obsesión de la oposición por derrotar a Pedro Sánchez paralice soluciones concretas para sus trámites pendientes, como los expedientes de ciudadanía heredada que aguardan en consulados españoles.
Carlos, que obtuvo su pasaporte en 2020 gracias a la ley de memoria histórica, explica que su familia aún espera turno para regularizar su situación en el consulado argentino. Aunque apoya a la derecha por convicción, desconfía de que prioricen su caso frente a la batalla electoral. «La derecha habla mucho de España como Madre Patria, pero cuando se trata de resolver problemas reales, parece que solo ven el espejo de Moncloa», asegura.
El dilema refleja una realidad: según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, más del 60% de los hispanos en España tienen trámites pendientes de ciudadanía o regularización, muchos bloqueados por la falta de plazas en consulados o por cambios legislativos. Mientras, la derecha acusa al Gobierno de «descuido administrativo» y la izquierda responde que la solución pasa por más recursos, no por «demonizar» a los migrantes. Para Carlos, el problema no es ideológico, sino práctico: «Nadie nos escucha cuando decimos que no queremos ser rehenes de la política».
El caso de Carlos conecta con un fenómeno creciente: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 12% de los residentes extranjeros en España provienen de América Latina, y su peso electoral en municipios clave —como Madrid, Barcelona o Málaga— podría ser decisivo en las próximas elecciones. Sin embargo, ni el PP ni Sumar han incluido propuestas específicas para agilizar sus trámites en sus programas, centrando el debate en la inmigración irregular, no en la regular.
La tensión se agrava porque, según el Tribunal Supremo, los plazos para resolver expedientes de ciudadanía heredada se han alargado un 40% en los últimos dos años, afectando especialmente a argentinos, colombianos y venezolanos. Mientras, los partidos discuten en el Congreso, miles de familias como la de Carlos esperan en listas interminables. «No somos un arma electoral, somos personas que pagamos impuestos y queremos que nos traten como tales», resume Carlos, que este año votará por primera vez en España, pero sin saber aún a quién.
