El presidente del Gobierno apela al «sentido de Estado» en los Premios Vanguardia mientras miles de inquilinos protestan en Barcelona
Pedro Sánchez ha lanzado este lunes un llamamiento directo a todas las fuerzas políticas del Congreso para aprobar el decreto de vivienda antes de que finalice la legislatura, citando como ejemplo el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada en Madrid tras 70 años en el mismo piso. El presidente del Gobierno lo hizo durante los Premios Vanguardia en Barcelona, donde también intervinieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, este último defendiendo que casos como el de Maricarmen «no se podrían producir hoy» en Barcelona gracias a las regulaciones locales.
Sánchez vinculó explícitamente el decreto con el caso de Maricarmen, al que calificó de «símbolo de una emergencia habitacional» que el Gobierno ya ha abordado con un real decreto-ley de medidas urgentes. «El verdadero patriotismo pasa por evitar situaciones como esta», declaró, pidiendo a los partidos «aparcar cualquier cálculo político» y actuar con «altura de miras, sentido de Estado y responsabilidad». La intervención se produjo ante 1.200 asistentes, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull.
Mientras, en los alrededores del Palau de Congresos de Cataluña, miles de inquilinos convocados por el Sindicat de Llogateres cortaron la Diagonal para exigir la aprobación del decreto, en una protesta blindada por los Mossos d’Escuadra. La cantante Amaia, premiada en la gala, entregó a Sánchez un cartel con el lema «Decreto Maricarmen«, reforzando el vínculo entre el caso y la medida legislativa.
El decreto, que el Gobierno ha negociado con otras formaciones, incluye medidas para aliviar la emergencia habitacional, aunque su tramitación en el Congreso se ha visto obstaculizada por las divisiones políticas. Sánchez insistió en que el texto ya incorpora propuestas de distintos partidos, pero advirtió que su aprobación requiere «un último esfuerzo» colectivo.
El caso Maricarmen: el detonante que presiona al Gobierno
El desahucio de Maricarmen, ocurrido recientemente en el distrito madrileño de Retiro, se ha convertido en el símbolo de una crisis de vivienda que el Gobierno atribuye a la especulación y la falta de regulación. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio medio de la vivienda en España ha subido un 4,5% en el último año, con diferencias abismales entre comunidades autónomas. Cataluña y Madrid concentran el 40% de los alquileres más caros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El caso de Maricarmen, que vivía con una renta antigua heredada, ha reavivado el debate sobre los fondos buitre y los desahucios masivos. En 2023, se registraron 22.345 lanzamientos judiciales en España, un 12% más que en 2022, según la Asociación de Registradores de la Propiedad. El Gobierno justifica el decreto como una respuesta a esta tendencia, aunque su eficacia dependerá de su aprobación parlamentaria antes de que finalice el año.
Barcelona vs. Madrid: dos modelos de regulación en conflicto
Mientras Sánchez apelaba al «sentido de Estado», el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defendió en la misma gala las regulaciones locales como ejemplo de éxito. Según datos del Ayuntamiento, el Plan de Vivienda de Barcelona, aprobado en 2021, ha limitado las subidas de alquiler en un 30% en zonas pensionadas, evitando casos como el de Maricarmen. «Con nuestra regulación, una subida como la que sufrió Maricarmen habría sido imposible», aseguró Collboni, destacando que el 60% de los nuevos contratos en la ciudad se rigen por estos límites.
Sin embargo, el modelo barcelonés choca con la realidad de otras regiones, donde la presión inmobiliaria es mayor. En Madrid, por ejemplo, los precios han subido un 6,2% en el último año, según la Comunidad de Madrid, y los desahucios por impago han aumentado un 18% en 2024. El Gobierno central ha intentado armonizar criterios con el decreto, pero su tramitación se ha visto frenada por las reticencias de partidos como Vox y sectores del PP, que exigen separar a los fondos buitre de los pequeños propietarios.
El Gobierno busca legitimidad tras derrota electoral
Para el Gobierno, la aprobación del decreto es una cuestión de legitimidad política, especialmente tras el revés sufrido en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, donde el PP y Vox ganaron terreno con discursos críticos contra la gestión de la vivienda. Sánchez ha intentado desvincular el texto de la polémica, presentándolo como una medida técnica, pero la presión social —como la protesta de Barcelona— obliga a acelerar su aprobación.
El PP, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el decreto, aunque fuentes cercanas al partido han señalado que Feijóo podría condicionar su apoyo a cambios en el tratamiento de los fondos buitre. Vox, en cambio, ha rechazado cualquier medida que no incluya la expropiación de viviendas vacías, una postura que el Gobierno considera inviable legalmente.
En Cataluña, el Govern de Salvador Illa ha mostrado un apoyo condicionado. Illa, que intervino en los Premios Vanguardia, criticó el uso del término «patriotismo» cuando «se practica poco y mal», en alusión a las tensiones con el Gobierno central. Sin embargo, su partido, Junts, ha evitado bloquear el decreto, aunque exige garantías para los propietarios pequeños, un tema que el Gobierno aún no ha resuelto.
La presión social y mediática —amplificada por casos como el de Maricarmen— podría forzar una votación en las próximas semanas. Si el decreto no se aprueba antes de que finalice el año, el Gobierno deberá recurrir a nuevas negociaciones o, en el peor de los casos, a un real decreto-ley sin consenso parlamentario, una opción que podría generar más rechazo político.
