Nicolas Guillou, sancionado por Washington, advierte en Bruselas de que la supervivencia del tribunal internacional está en juego y reclama herramientas legales para protegerlo
Nicolas Guillou, juez francés de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionado por Estados Unidos, ha instado este lunes a las instituciones de la Unión Europea (UE) a adoptar medidas urgentes para contrarrestar la presión de Washington sobre el tribunal de La Haya. Guillou, que se reunió en Bruselas con eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos, denunció que la falta de soberanía europea permite que sanciones extranjeras paralicen operaciones cotidianas, como el pago en comercios online, y advirtió de que «lo que está en juego es la supervivencia de la Corte y lo que representa».
El magistrado, que forma parte de la sala que investiga crímenes de guerra en Afganistán y Palestina, propuso como solución inmediata la activación del Estatuto de Bloqueo, un mecanismo legal de la UE diseñado para neutralizar el impacto de sanciones extranjeras en territorio comunitario. «Europa necesita proteger sus valores y a la gente que trabaja en la CPI», declaró Guillou, quien subrayó que este instrumento no resolverá todos los problemas,, pero sí garantizará que el tribunal pueda continuar su labor en favor de las víctimas de crímenes internacionales.
Las sanciones de EE.UU. contra la CPI se intensificaron en agosto, cuando Washington incluyó en su lista negra a la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, principal litigante de la Fiscalía. Ambos figuran en la lista por su participación en investigaciones que podrían afectar a ciudadanos estadounidenses, como la apertura de una causa sobre crímenes en Afganistán —donde operan tropas norteamericanas— y la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de la investigación sobre Palestina.
Estados Unidos e Israel, que no reconocen la jurisdicción de la CPI, rechazan que el tribunal tenga autoridad sobre sus nacionales. Sin embargo, el Estatuto de Roma —que crea la Corte— permite que el órgano judicial actúe cuando los crímenes se cometen en territorio de un Estado parte o en zonas bajo su jurisdicción, como ocurre con Palestina, cuyo reconocimiento como Estado observador por la ONU en 2012 abrió la puerta a que la CPI investigue allí.
El Estatuto de Bloqueo: la herramienta legal de la UE para desafiar a Washington
El Estatuto de Bloqueo, regulado en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, permite a Bruselas suspender temporalmente la aplicación de medidas restrictivas impuestas por terceros países dentro del territorio comunitario. Aunque su uso ha sido limitado —solo se ha aplicado en casos como las sanciones de EE.UU. contra empresas europeas vinculadas a Irán—, su activación en este contexto sería un precedente sin precedentes para proteger a una institución internacional.
Guillou destacó que la UE ya ha dado pasos en esta dirección con proyectos como el euro digital, que busca reducir la dependencia de sistemas de pago extranjeros. Sin embargo, el juez francés insistió en que se necesitan acciones más inmediatas para evitar que las sanciones de Washington paralicen operaciones críticas, como los pagos a testigos o el funcionamiento de la Fiscalía. «No podemos permitir que la Corte se convierta en un blanco de represalias políticas», advirtió.
Trump sancionó en 2020 a la CPI por Afganistán y Biden siguió
La relación entre la CPI y Estados Unidos se deterioró en 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump impuso sanciones a funcionarios del tribunal por investigar crímenes en Afganistán. La administración de Joe Biden ha mantenido esta línea, aunque con un enfoque más selectivo. Las últimas sanciones, anunciadas en agosto, se enmarcan en la escalada de tensiones por la guerra en Gaza y la investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por ambas partes.
Israel, aliado estratégico de EE.UU., ha sido especialmente crítico con la CPI. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha denunciado lo que considera una «criminalización selectiva» y ha amenazado con tomar represalias contra el tribunal. La orden de arresto contra Netanyahu, emitida en marzo de 2024, ha sido interpretada como un intento de presionar a Israel para que detenga su ofensiva militar en Gaza.
La UE defiende la CPI pero teme tensiones con su aliado Washington
Para la UE, la defensa de la CPI es una cuestión de principio: el tribunal representa el compromiso europeo con el Estado de derecho internacional. Sin embargo, Bruselas debe equilibrar este apoyo con sus relaciones con Estados Unidos, su principal aliado en seguridad y economía. La activación del Estatuto de Bloqueo podría generar tensiones con Washington, pero también enviaría un mensaje claro sobre los límites de la soberanía europea.
Para Estados Unidos, las sanciones son una herramienta de presión para evitar que la CPI investigue a ciudadanos estadounidenses o aliados como Israel. Sin embargo, esta estrategia ha aislado a Washington en la comunidad internacional, con países como México y Alemania expresando su rechazo a las medidas.
La CPI, por su parte, depende de la cooperación de los Estados para llevar a cabo sus investigaciones. Si las sanciones de EE.UU. cortan el acceso a fondos o a testigos, el tribunal podría verse obligado a paralizar casos clave, como el de Afganistán o Palestina. Guillou advirtió que esto tendría consecuencias graves para las víctimas de crímenes internacionales, que ya han esperado décadas por justicia.
El próximo paso será la votación en el Parlamento Europeo sobre cómo responder a las sanciones. Si los eurodiputados aprueban activar el Estatuto de Bloqueo, la UE daría un paso histórico en la defensa de sus instituciones frente a la presión extranjera. Pero si optan por la cautela, la CPI podría seguir en una posición de vulnerabilidad, dependiendo de la buena voluntad de los Estados para financiar su trabajo.
