Actualización (28 de septiembre a las 09:56):
Medidas urgentes incluyen prohibir fondos buitre, bonificaciones fiscales y frenar subidas de alquiler en comunidades sin aplicar la Ley de Vivienda
El Gobierno trabaja a contrarreloj en un paquete de medidas de vivienda que busca apoyo parlamentario de partidos tan diversos como ERC, Junts, Podemos, PNV y Bildu. La negociación, liderada por el Ministerio de Vivienda, incluye prohibir la compra especulativa de fondos buitre, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que bajen precios, y una cláusula para evitar desahucios como el de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada recientemente.
Entre las medidas más novedosas destaca la estabilización de contratos de alquiler para proteger a inquilinos en comunidades autónomas donde no se aplica la Ley de Vivienda —como las gobernadas por el PP—, así como regulaciones para frenar el fraude en alquileres turísticos y subir el IVA a estos pisos. A cambio, se propone bajar el IVA a la construcción de vivienda protegida.
El objetivo es evitar un paquete de máximos que no cuente con apoyos y optar por medidas consensuadas, aunque menos ambiciosas. Las negociaciones, que incluyen reuniones incluso de noche, buscan aprobar el texto en el Consejo de Ministros y garantizar su aprobación en el Congreso.
La presión política es alta: partidos como Junts y PNV exigen incentivos fiscales para propietarios, mientras Podemos, ERC y Bildu priorizan protección a inquilinos y regulación del mercado. El caso de Maricarmen Abascal, citado explícitamente por fuentes gubernamentales, ha servido como símbolo para impulsar la cláusula contra desahucios.
La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, pero con desarrollo desigual en las comunidades autónomas, se convierte en el eje central: el Gobierno busca aplicar sus medidas de facto en regiones como Madrid o Valencia, donde el PP no la ha desarrollado.
Además, se contempla la regulación específica del alquiler de temporada, con la intención de aumentar el IVA sobre los pisos turísticos para evitar la especulación y proteger la oferta de vivienda habitual.
El paquete también contempla la aplicación de la Ley de Vivienda en comunidades donde aún no se ha implementado, garantizando así una protección uniforme a los inquilinos en todo el territorio nacional.
Junts exige incentivos fiscales para propietarios y Sumar presiona por más protección a arrendatarios en un texto que aún se negocia hasta el martes
El Consejo de Ministros aprobará el martes 28 de septiembre un real decreto-ley de vivienda que incluye medidas como la prohibición a fondos de inversión (‘fondos buitre’) de comprar viviendas con fines especulativos, moratorias para desahucios en casos vinculados a estos fondos y bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que reduzcan precios de alquiler.
El texto, aún en negociación con Junts, Sumar, ERC, PNV y Podemos, busca equilibrar la protección a inquilinos —prioridad de Sumar— con incentivos para propietarios —reclamados por Junts—, además de regular contratos turísticos y blindar el parque público de vivienda protegida para evitar su venta al mercado libre.
Entre las medidas más polémicas, el Gobierno plantea incrementar el IVA a pisos turísticos (aunque no se ha concretado el tipo) y reducir el IVA para la construcción de vivienda protegida, siempre que mantenga su condición permanente. La aprobación en el Consejo de Ministros no garantiza su validez: el decreto-ley deberá ser convalidado en el Congreso, donde el Gobierno necesitará apoyos de partidos como Junts (7 diputados clave) o Sumar para evitar su caída.
Las negociaciones, que se prolongaron hasta el domingo, reflejan tensiones: Junts defiende protección a pequeños propietarios y bonificaciones fiscales, mientras Sumar exige restricciones a fondos de inversión y prórroga de alquileres. El texto final podría diluir algunas propuestas iniciales para lograr consenso.
El decreto también incluye ayudas para la compra de primera vivienda, dirigidas a quienes puedan afrontar una hipoteca, pero carezcan de ahorros para la entrada. Sin embargo, detalles como cuantías, límites de renta o requisitos aún no están definidos.
Junts ha planteado una moratoria específica para determinadas compras de vivienda realizadas por fondos de inversión, mientras que Sumar ha solicitado la suspensión de desahucios cuando el propietario sea uno de estos fondos. Además, el Gobierno contempla regular el alquiler de temporada, limitando el uso de contratos temporales como alternativa a los contratos habituales de vivienda, y propone incrementar el IVA aplicado a los pisos turísticos para alinearlos con su tratamiento fiscal como actividad económica.
