El texto pactado entre PSOE y Sumar incluye la prórroga automática de los alquileres hasta 2028 y sube al 21% el IVA de los pisos turísticos, pero Junts y Podemos mantienen sus reservas.
El Gobierno afronta el próximo martes 29 de septiembre el último plazo que se marcó para aprobar en el Consejo de Ministros el nuevo decreto ley de vivienda. El texto llegó a estar previsto para finales de julio, pero el Ejecutivo lo aplazó ante la falta de apoyos parlamentarios. El decreto, pactado entre PSOE y Sumar, incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, además de medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible.
El texto se articula en dos bloques. El primero agrupa medidas para dar estabilidad a los alquileres y combatir el fraude, entre ellas la regulación de los contratos de temporada y habitaciones y bonificaciones fiscales a propietarios que reduzcan las rentas. El segundo busca movilizar vivienda asequible, con la reforma de la Ley del Suelo como pieza principal. El decreto contempla además negociar medidas para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.
Las diferencias con los grupos que deben respaldar el decreto en el Congreso han frenado su presentación. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció a finales de agosto que algunas medidas son «excesivas» para Junts y, en cambio, «insuficientes» para Sumar. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a las formaciones un «esfuerzo de generosidad» y ha defendido que el texto recoge iniciativas planteadas por distintos grupos.
Lo que pide cada grupo para dar su sí
Junts reclama que el decreto ponga el foco en aumentar la oferta y cuestiona los topes de precios porque, a su juicio, no generan nuevas viviendas. Entre sus propuestas figuran ayudas fiscales para propietarios, como desgravar los gastos de alquiler o parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios. El Gobierno y Sumar han abierto la puerta a estudiar bonificaciones fiscales para propietarios, aunque Junts todavía no ha garantizado su apoyo.
Sumar defiende la prórroga de los contratos y una mayor protección de los inquilinos, además de la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y las medidas sobre los pisos turísticos. En los últimos días ha elevado la presión sobre el PSOE a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en una vivienda de Madrid. El socio minoritario reclama medidas para evitar lanzamientos de personas vulnerables y ha planteado la expropiación de la vivienda de Maricarmen para incorporarla al parque público. También defiende limitar la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamó el 16 de septiembre llevar el decreto «ya» al Congreso aunque no hubiera una mayoría garantizada. Criticó a los grupos que, según dijo, no quieren intervenir el mercado de la vivienda. Podemos mantiene una posición más alejada del texto: rechaza los beneficios fiscales a propietarios y reclama medidas para reducir los precios, proteger a los inquilinos y evitar desahucios sin alternativa habitacional. Su principal línea roja es la reforma de la Ley del Suelo, que exige retirar del decreto y que la formación considera vinculada a una reducción de controles urbanísticos. La Confederación Nacional de la Construcción, en cambio, ha defendido esta reforma como una medida necesaria para aumentar la oferta.
El PNV ha planteado limitar la prórroga a los inquilinos que estén al corriente de pago, además de reclamar una reforma del suelo, regulación de los alquileres de temporada y respeto a las competencias autonómicas. ERC ha puesto el foco en la vivienda vacía y reclama datos sobre la titularidad de estos inmuebles. El PP defiende aumentar la oferta y facilitar suelo, y ha cuestionado el enfoque intervencionista del Gobierno.
El desahucio de Maricarmen entra en la negociación
El caso de Maricarmen el pasado miércoles ha añadido un nuevo elemento a la negociación. El Gobierno y Sumar defienden reforzar la protección frente a los desahucios, mientras que el PP sostiene que el anterior decreto antidesahucios no habría evitado este lanzamiento por las características del contrato de la mujer. La cuestión de los desahucios se suma así a las diferencias ya existentes sobre precios, alquileres, fiscalidad, vivienda turística y reforma del suelo.
Fuera del Parlamento, CCOO y UGT han reclamado un acuerdo entre las fuerzas políticas. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige que el nuevo decreto incluya medidas estructurales contra los desahucios, congelación de los alquileres, prórrogas efectivas y renovación automática de los contratos.
Con este escenario, el Gobierno no ha confirmado ni desmentido que el decreto vaya a abordarse este martes en el último Consejo de Ministros del mes de septiembre tal y como anunció en julio. Isabel Rodríguez aseguró el jueves que el desahucio de Maricarmen ha «removido la conciencia» de los grupos políticos y «ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas». Indicó además que el compromiso de los grupos es «poderlo aprobar lo antes posible».
La ministra subrayó que el Gobierno podría «aprobarlo mañana», pero que sin el apoyo del resto de grupos en el Congreso el decreto no se convertirá en ley y no se habrá «conseguido nada». Según explicó, el real decreto aborda el problema de la vivienda de «manera estructural», abarcando desahucios, movilización de vivienda vacía, la construcción de vivienda pública o la intervención en los pisos turísticos. Los desahucios son, dijo, «curiosamente» uno de los aspectos donde encuentran más «escollos» y «diferencias» en el Congreso.
