La comitiva del ministro canario viajó en clase turista y se alojó en hoteles de 452 a 1.178 euros por persona, según datos del Ministerio de Memoria Democrática
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, gastó 20.000 euros en mayo de 2026 en un viaje oficial a Argentina y Uruguay para promocionar la ley de nietos, que hasta ahora ha concedido la nacionalidad española a 544.722 personas, de las que 306.000 están inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El viaje, realizado entre el 19 y el 26 de mayo, incluyó vuelos en clase turista por 15.696,12 euros —2.368,52 euros correspondieron al billete del ministro— y alojamientos que sumaron 4.590,65 euros. Torres viajó acompañado de cinco personas: un secretario de Estado, dos asesores, una consejera técnica de comunicación y un auxiliar de asistencia, según la documentación consultada por The Objective a través del Portal de Transparencia.
Los vuelos fueron reservados el 21 de mayo y el regreso el 26, con precios entre 2.264,52 y 3.267,02 euros por billete. En cuanto a la estancia, las habitaciones de hotel costaron entre 452 y 1.178 euros por persona, según la factura del alojamiento.
La ley de nietos, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido clave para la regularización de descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El Ministerio de Memoria Democrática, que Torres dirige, gestiona este proceso, que ha generado polémica por su coste y alcance. Mientras, la oposición ha criticado en repetidas ocasiones los gastos de representación de altos cargos, especialmente en viajes promocionales.
El documento oficial reconoce que los expedientes económicos aún no están cerrados, por lo que no se pueden precisar gastos adicionales como dietas, restaurantes o el coste de las salas VIP en aeropuertos. Durante la visita, Torres firmó un Memorando de Intenciones sin contenido económico y recibió regalos protocolarios, como dos camisetas de fútbol y un libro.
La transparencia en estos gastos es clave en un contexto donde el Tribunal de Cuentas ha incrementado su supervisión sobre los viajes oficiales, especialmente tras casos como el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, investigada por supuestos sobrecostes en desplazamientos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno puede revisar esta resolución si se presenta una reclamación.
