Iustitia Europa exige protocolos de identificación digital y consular; el caso afecta a nueve elecciones, incluyendo las generales de 2023
La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto una investigación para esclarecer la trazabilidad de los electores en los procesos electorales desde el extranjero, tras las revelaciones sobre las vulnerabilidades de las aplicaciones digitales del Gobierno («mi DGT» y «miDNI») que permitieron suplantaciones de identidad. La resolución, aprobada el 24 de septiembre de 2026, ordena solicitar informes a la Oficina del Censo Electoral, al Ministerio del Interior (dirigido por Fernando Grande Marlaska) y al de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares) sobre cómo se identifican los votantes y cómo se incorporan al censo.
El partido Iustitia Europa, liderado por Luis María Pardo, denunció en agosto de 2026 que el sistema carecía de garantías: las apps gubernamentales permitieron votar sin verificar el código QR, lo que facilitó fraudes. La JEC prohibió su uso en 2023 tras las alertas de expertos en seguridad digital, pero ya se habían aplicado en nueve elecciones, incluyendo las generales del 23 de julio de ese año. El número de afectados es desconocido, ya que no hay registros detallados de cómo se identificaron.
La investigación también abarca el Registro de Matrícula Consular digital y el Número de Identificación Consular Central (NICC), clave para determinar la circunscripción electoral de los votantes residentes en el extranjero. El partido pide protocolos sobre cómo se acreditan la identidad y residencia, cómo se detectan duplicidades y cómo se transmiten los datos al Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El caso reviste especial gravedad porque el Gobierno de Pedro Sánchez fue acusado de abrir intencionadamente una brecha en el sistema electoral al convalidar las apps sin las garantías técnicas necesarias. Las revelaciones de El Debate demostraron que Interior justificó su uso con la exhibición de la pantalla del móvil, sin verificación técnica, lo que expertos calificaron de «riesgo grave de suplantación».
La JEC actúa en dos frentes: por un lado, investiga el proceso de identificación y alta de electores; por otro, ha aprobado nuevas reglas para justificar el municipio al que se adscribe el voto desde el extranjero. Ahora queda pendiente la respuesta de los organismos requeridos y las posibles medidas correctoras.
