La OCE retrasó un mes el contador del CERA y excluyó 1.119 electores netos, mientras el censo suma 457.105 inscritos desde noviembre de 2022
El Tribunal Supremo ha ordenado abrir de forma taxativa y urgente la información sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y congelar la incorporación de quienes no acrediten el exilio. Lo hizo en dos autos que aprobaron las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox. La Oficina del Censo Electoral (OCE) no ha aportado hasta ahora ningún desglose de las altas.
La decisión judicial llega después de que la OCE explicara la evolución del CERA tras la instrucción de Sofía Puente, que abrió la puerta a las nacionalizaciones de tataranietos en la ley de Memoria Democrática. Lo hizo en un informe del 9 de julio entregado a la Junta Electoral Central (JEC).
El organismo fijó como referencia diciembre de 2022. Justificó esa fecha como el «primer censo mensual formado con la información remitida por los Consulados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley». Ese punto de partida deja fuera el primer crecimiento posterior a la instrucción de Puente: 1.119 electores netos más.
Cuarenta y cuatro meses después, el incremento mensual había pasado de 1.119 a 20.536 electores. El contador multiplicó por 18,35 su velocidad. Después, el INE produjo su primer apagón en la publicación de la estadística oficial.
El CERA ha incorporado 457.105 electores desde el primer cierre mensual posterior a la instrucción de Puente. Pasó de 2.290.583 inscritos a 1 de noviembre de 2022 a 2.747.688 a 1 de agosto de 2026. El incremento equivale al 19,96 %.
Las 1.119 altas netas de noviembre no implican que fueran beneficiarios de la ley de nietos. La OCE no ofrece públicamente esa trazabilidad individualizada. Su variación mensual incorpora movimientos por distintas causas.
Los ficheros públicos de la OCE no identifican cuántos de esos nuevos electores obtuvieron la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática. Tampoco permiten separar en el saldo mensual las altas por nuevas nacionalidades de las de españoles que trasladan su residencia al extranjero. Ni reconstruir solo con la cifra agregada todas las altas y bajas que produjeron el resultado final.
La funcionaria que dirige la Oficina del Censo Electoral
Al frente de la OCE está Elena Manzanera, especialista en integración de registros administrativos, interoperabilidad, georreferenciación y explotación de datos públicos. Comenzó en cargos de responsabilidad al frente de las estadísticas en Andalucía con los gobiernos socialistas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Juanma Moreno la reubicó a propuesta de Ciudadanos y Pedro Sánchez la repescó cuando el CERA dio su salto.
Manzanera es experta en el llamado «dato único»: que cada dato se produzca una sola vez por el organismo mejor situado para mantenerlo al día y lo reutilice después el resto del sistema estadístico y cartográfico. Esa misma responsable no aporta a la JEC los datos mínimos para garantizar el juego limpio en los procesos electorales, según el texto fuente.
La autora de la frase «los datos se han convertido en un elemento estratégico» tampoco informa a la JEC de los sucesivos incrementos del censo de votantes del exterior. Esa falta de información limita el control de los partidos políticos. Tampoco consta que informara en julio sobre si ha realizado las preceptivas inspecciones a las oficinas consulares que inscriben a los nuevos votantes.
El precedente del 23-J y el control de la JEC
La JEC es el organismo constitucionalmente establecido para controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la Oficina del Censo Electoral. En las generales del 23-J de 2023, catorce provincias tuvieron el último escaño a menos de un punto de cambiar de partido, según el texto fuente.
El Gobierno reclama tumbar las cautelares del Supremo. Al mismo tiempo, el CIS de Tezanos amplía la ventaja del PSOE sobre el PP a 5,5 puntos, a pesar del revulsivo de Ceuta, siempre según el texto fuente.
Los autos del Supremo responden a los recursos de Iustitia Europa y Vox. La congelación de incorporaciones al CERA afecta a quienes no acrediten el exilio. La OCE mantiene sin desglose público el origen de las altas.
El informe de la OCE entregado a la JEC el 9 de julio contenía la cifra de 457.105 nuevas altas, pero la Junta Electoral Central no publicó los datos hasta semanas después, lo que provocó un retraso en la actualización oficial del censo exterior y generó incertidumbre entre los partidos que dependen de la exactitud de la base de votantes.
