La dimisión del jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta revela fallos en la cadena de alertas: 70.000 migrantes cruzaron en 48 horas tras avisos ignorados por Moncloa
Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, presentó su dimisión ayer tras revelarse que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó el 29 de julio sobre un llamamiento en redes sociales para asaltar la frontera. Según documentos desclasificados, el CNI detectó dos grupos de Facebook con 180.000 seguidores convocando el cruce, pero ni escaló la información al Ministerio de Defensa ni la Delegación la trasladó a Interior. El 30 y 31 de julio, más de 70.000 migrantes cruzaron en 48 horas, un salto cualitativo respecto a los 1.000 que llegaron a nado la semana anterior.
Sanz acusó en su carta de dimisión a su superior, el delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, de no ser informado a tiempo. Sin embargo, Triano insistió en que Sanz sí le transmitió los avisos, aunque ambos coinciden en que el CNI subestimó la gravedad: no cuantificó el número de personas ni evaluó el riesgo real de materialización. La brecha de información se produjo cuando el CNI, tras una llamada de 11 minutos con la Delegación, no elevó el alerta a los ministerios competentes.
El presidente ceutí, Juan Vivas, denunció que desde Moncloa le pidieron el 27 de julio —tres días antes del cruce masivo— que dejara de insistir con las advertencias sobre la presión migratoria. Ese día, la Delegación y el Ayuntamiento emitieron un comunicado conjunto advirtiendo del «alto nivel de presión», pero el Gobierno central restó importancia a las cifras: 1.000 llegadas semanales no justificaban una respuesta urgente. La diferencia clave llegó después: mientras los nadadores regresaron a Marruecos, los 70.000 del 30-31 de julio permanecieron en territorio español, colapsando los servicios de Ceuta.
La dimisión de Sanz y las contradicciones entre versiones —él asegura haber informado, Triano dice que no— exponen un fallo sistémico: la falta de coordinación entre el CNI, la Delegación y los ministerios. Mientras, Vivas exigió ayer «respuestas claras» al Gobierno, recordando que Ceuta lleva meses pidiendo refuerzos. Los documentos desclasificados, solicitados por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, podrían abrir una investigación sobre la gestión de la crisis, donde la opacidad y los avisos ignorados se repiten como patrón.
