El presidente culpa a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid de no aplicar la ley estatal de vivienda mientras el Ejecutivo busca apoyo parlamentario para evitar más desahucios
Pedro Sánchez ha acusado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, de ignorar la «tragedia social» del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 70 años desalojada en su vivienda de Madrid. El presidente del Gobierno ha señalado que ambas administraciones, «más preocupadas por comprar y vender viviendas de protección oficial», han fallado en su responsabilidad legal.
Sánchez ha recordado que la ley estatal de Vivienda obliga a las administraciones a intervenir en casos como el de Abascal, pero que Madrid ha optado por liberalizar el mercado. «No podemos aceptar que fondos buitre compren viviendas protegidas», ha criticado, dirigiéndose directamente a Ayuso, quien defiende políticas de mercado en vivienda.
El Gobierno, por su parte, prepara un nuevo decreto ley para evitar desahucios, pero su aprobación depende del apoyo parlamentario. Sánchez ha advertido que, sin respaldo en el Congreso, la iniciativa podría fracasar, como ocurrió con el anterior intento antes del verano. Sumar exige su aprobación inmediata, pero la Moncloa no ha fijado fecha concreta, aunque ha confirmado que será «urgente».
El desahucio de Abascal ha reavivado el debate sobre la protección social en vivienda, con Sánchez insistiendo en que «el Parlamento debe actuar». Mientras, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid mantienen su postura: la competencia en vivienda es autonómica, y las críticas del Gobierno, según fuentes cercanas, las consideran «políticas».
El caso de Abascal, que lleva décadas pagando su alquiler, simboliza el fracaso de las políticas de vivienda en Madrid. Sánchez ha advertido: «Si el decreto no se aprueba, habrá más tragedias como esta».
El nuevo decreto ley, que el Gobierno pretende aprobar con urgencia, incluirá medidas para garantizar la protección de los inquilinos vulnerables y establecerá procedimientos claros para la intervención estatal en casos de riesgo de desahucio. La propuesta, que fue rechazada por el Congreso antes del verano, ahora busca contar con el respaldo suficiente de los grupos parlamentarios para evitar que se repitan situaciones similares.
Fuente: La Vanguardia
