El primer decreto incluye la prohibición de desahucios hasta 2030 y la regulación de alquileres de temporada; el segundo, la prórroga automática de contratos, se votará por separado el viernes 2 de octubre en el Congreso.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos ley de vivienda en lugar de uno solo. El primero, el más amplio, incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre hasta 2028 y ayudas fiscales a propietarios. El segundo contiene la prórroga automática de los contratos de alquiler, una medida que el ala socialista del Ejecutivo ha preferido separar para no poner en riesgo el paquete principal.
La decisión responde a un cálculo parlamentario. El primer texto es el más trabajado con los grupos y Moncloa confía en convalidarlo el viernes 2 de octubre en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados. Los apoyos para el segundo decreto no están tan claros. En el Gobierno admiten que es un asunto más novedoso, menos negociado, y que no conocen a fondo la posición de los grupos sobre ese punto concreto.
Junts y Podemos, los votos que decidirán el viernes
Los socios más reticentes al primer decreto son Junts y Podemos. Los socialistas se muestran convencidos de que tendrán apoyos suficientes. Con que uno de los dos vote a favor y el otro se abstenga, el texto saldría adelante, siempre que el resto de la mayoría de la investidura vote sí: ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG. La aritmética deja el resultado en manos de esos dos grupos, cuyos votos suman lo justo para compensar una abstención.
La prórroga automática de los alquileres nació de una exigencia del Sindicato de Inquilinas. Sumar la recogió a última hora y el Ejecutivo decidió separarla en un segundo decreto. Fuentes gubernamentales explican que así garantizan la aprobación del paquete ambicioso ya acordado y no ponen en riesgo la votación. Sobre el segundo texto, consideran que el contexto social actual puede empujar a los grupos a apoyarlo por el impacto mediático y la sensibilidad del asunto. «Es una oportunidad histórica», subrayan.
El desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol
El Gobierno sitúa el punto de inflexión en el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio de Retiro (Madrid) expulsada de su hogar. A ese caso se sumó después una acampada de protesta en la Puerta del Sol que todavía continúa. A juicio del Ejecutivo, ambos episodios han espoleado a los grupos a pactar unas medidas que hace solo una semana parecían estancadas.
En Moncloa admiten que están dispuestos a aprovechar ese contexto social para aprobar también el segundo decreto y hacen un llamamiento a los grupos. «No hay ningún motivo para votar en contra», advierten. La presión en la calle funciona así como palanca parlamentaria: el Ejecutivo usa la movilización ciudadana como argumento para que los grupos que dudan del segundo texto no lo tumben.
El Gobierno respalda la acampada y rechaza el desalojo
Respecto a la acampada de unas 600 personas en Sol, en el Ejecutivo evitan cualquier crítica. Defienden que se trata de una concentración cívica y pacífica surgida de manera espontánea y aseguran que la apoyan. Por eso no contemplan cumplir el requerimiento de la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desaloje la plaza en 48 horas. Insisten en que el desalojo sería competencia de la Policía Municipal de la capital.
El pulso institucional añade un frente al debate de la vivienda. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, reclama a la Delegación del Gobierno que actúe sobre la plaza; el Ejecutivo central responde que la competencia es municipal. El Ayuntamiento de Madrid, también del PP, queda así como el actor que tendría que mover ficha si quisiera desalojar, algo que el Gobierno central no pide.
Los desahucios se frenan hasta 2030 y los buitres no compran hasta 2028
El primer decreto llega al pleno con un recorrido de negociación largo. Incluye medidas que afectan a propietarios, inquilinos y fondos de inversión: el límite temporal a los desahucios hasta 2030, el control de los alquileres de temporada y por habitaciones, el veto a la compra por fondos buitre hasta 2028 y las ayudas fiscales a propietarios. Cada uno de esos puntos tiene un grupo parlamentario que lo ha empujado o lo ha frenado durante meses.
El segundo decreto, en cambio, apenas ha sido discutido con los socios. La prórroga automática de los contratos de alquiler cambia la relación entre casero e inquilino al vencer el contrato: en lugar de tener que negociar una renovación, el contrato se extiende solo salvo que alguna de las partes diga lo contrario. Es un cambio de reglas que afecta directamente a los propietarios y que explica las dudas de algunos grupos.
La votación del viernes 2 de octubre en el Congreso decidirá si el paquete principal sale adelante y si el segundo texto corre la misma suerte. El Gobierno ha apostado por dividir para no perderlo todo. Si el primer decreto cae, el Ejecutivo perdería de golpe las medidas de vivienda más ambiciosas de la legislatura. Si cae solo el segundo, la prórroga automática quedaría aparcada mientras el resto entra en vigor.
El desenlace depende de Junts y Podemos. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente su voto. El Ejecutivo cuenta con que el clima social en torno a la vivienda y el caso de Maricarmen pesen en la decisión final de ambos grupos.
