Actualización (29 de septiembre a las 16:13):
Las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río avisan de que «cuanto más dividan, más nos enfadarán» y convocan movilizaciones estatales este fin de semana
El Sindicato de Inquilinas ha rechazado este martes el «troceo» en dos decretos ley de las medidas de vivienda aprobadas en el Consejo de Ministros. Las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río han advertido de que «cuanto más dividan, más nos enfadarán» y han asegurado que «todos los ojos están puestos en el texto» para evitar que se cuelen medidas por las grietas en las que, según han dicho, «siempre nos han colado las estafas de los rentistas». Las declaraciones se han producido desde la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid.
La advertencia llega después de que el Consejo de Ministros haya aprobado dos decretos ley. Uno de ellos contiene «solo» la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas venía exigiendo desde el viernes, y que también respaldaba Sumar. El otro decreto incluye el resto de medidas acordadas con los grupos parlamentarios, entre ellas la regulación del alquiler de habitaciones, que hasta hacía unas horas había quedado fuera del texto.
Las portavoces han mostrado cautela sobre su posicionamiento final hasta conocer la «letra pequeña» del texto. Quieren comprobar si se trata de «una farsa o un decreto de verdad». En ese sentido, han sostenido que «si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más». La división en dos normas, según su lectura, responde a una política de «divide y vencerás» que han atribuido a «los fascistas y la ultraderecha».
Racu y del Río también han pedido «pasar de una vez por todas de los discursos que nos están poniendo en las manos del fascismo». Han situado el foco en los inversores: «Los verdaderos invasores son los inversores, los inversores inmobiliarios, los inversores internacionales que hace mucho tiempo se han quedado con nuestro país», han afirmado.
Acampada en Sol y convocatoria estatal este fin de semana
Las manifestaciones de los últimos días y la acampada de la Puerta del Sol son, para el sindicato, muestras del «pulso histórico» que las calles están echando al Gobierno, «como hacía décadas que no se veía», y que se extiende por más ciudades del país. Sobre los próximos pasos, las portavoces han anunciado una convocatoria a nivel nacional este fin de semana «en todas las ciudades del país». Lo que ocurre en Sol «va a ocurrir» en cada plaza, cada pueblo, cada barrio, cada centro de trabajo y en cada vivienda, han señalado.
Preguntadas por la duración de la acampada, han indicado que irán viendo cómo actuar y que las decisiones se tomarán en la asamblea programada para esta tarde en el propio campamento, con el objetivo de valorar cómo siguen «escalando el conflicto». Respecto al requerimiento anunciado este martes por la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desmantele la acampada, han defendido que «todo el mundo tiene mucho miedo» y han celebrado ver cómo «los que están temblando son ellos de una vez por todas».
Qué cambia el reparto en dos decretos y quién lo vigila
La decisión del Consejo de Ministros de repartir las medidas en dos decretos ley tiene un efecto práctico inmediato: cada norma sigue su propio calendario parlamentario. La renovación automática de contratos de alquiler queda así en un texto separado del resto de medidas pactadas con los grupos, entre ellas la regulación del alquiler de habitaciones. Esa separación es la que el Sindicato de Inquilinas interpreta como una forma de diluir el conjunto y la que le lleva a mantener la vigilancia sobre la «letra pequeña» antes de pronunciarse.
El sindicato no es el único actor que sigue el texto. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas venía exigiendo desde el viernes la renovación automática de contratos, una demanda que también asumía Sumar. La aprobación de ese punto en un decreto propio satisface esa reclamación concreta, pero deja el resto de medidas en una norma distinta, lo que mantiene abierta la negociación con los grupos parlamentarios que las pactaron.
La acampada de la Puerta del Sol añade un frente institucional. La Comunidad de Madrid ha requerido a la Delegación del Gobierno que desmantele el campamento, una petición que el sindicato ha respondido celebrando que «los que están temblando son ellos». La asamblea de esta tarde decidirá si la acampada continúa y con qué intensidad, en un contexto en el que el sindicato ya ha anunciado movilizaciones en todo el país para este fin de semana.
Actualización (29 de septiembre a las 15:29):
El Gobierno destina 5 millones de contratos de alquiler a prórroga automática, pero excluye la medida estrella de Sumar por presión del PSOE
Sumar ha advertido a sus socios parlamentarios —Junts y Podemos— de las consecuencias de bloquear los decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros, que benefician a 5 millones de arrendatarios con la prórroga automática de contratos hasta 2029. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reconocido que la negociación con el PSOE fue «dura» y que la exclusión de la prórroga automática —su medida estrella— fue el «último escollo» para cerrar el acuerdo.
El decreto, que incluye bonificaciones fiscales a caseros (aunque Sumar las considera «ineficaces»), busca evitar que estas ayudas disparen los precios. Bustinduy ha subrayado que las medidas son una «conquista» para la ciudadanía, posible gracias a la movilización social, y ha urgido a una «convalidación rápida» en el Congreso. «Quien se oponga a este clamor social afronta un futuro político muy delicado», advirtió, aludiendo al alivio inmediato que las medidas aportan a millones de familias.
El conflicto interno en Sumar se agrava: mientras el PSOE logró separar la prórroga automática en otro decreto (para negociarla por separado), el partido reclama ir más allá en medidas antidesahucios. Bustinduy ha dejado claro que las bonificaciones fiscales son un «mal menor» para lograr apoyo parlamentario, especialmente del PNV y Junts, pero ha descartado que generen inflación en el mercado.
El decreto se enmarca en el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vivienda, y responde a una demanda histórica de los colectivos sociales. Sin embargo, su viabilidad depende ahora de la votación en el Congreso, donde Junts —clave para la mayoría— podría condicionar su apoyo a cambios en el texto.
Ester Muñoz critica que los reales decretos, aprobados hoy por el Consejo de Ministros, se tramiten sin consulta al PP y sin solución real a la crisis de ocho años
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «destruir el mercado de vivienda» con dos reales decretos aprobados hoy por el Consejo de Ministros, que se convalidarán en el Congreso el viernes. Muñoz ha denunciado que las medidas, pactadas entre PSOE y Sumar, pretenden resolver en 24 horas un problema que, según su partido, el Ejecutivo ha «destruido en ocho años».
Los decretos, que incluyen medidas urgentes en materia de vivienda, se aprobaron sin negociación previa con el PP, algo que la portavoz popular ha calificado como un «desaire» institucional. El Gobierno justifica la urgencia para evitar el colapso en el mercado de alquileres, pero el PP insiste en que las propuestas no abordan las causas estructurales del problema.
El Consejo de Ministros cerró hoy la aprobación de los decretos, que ahora deberán superar un pleno extraordinario en el Congreso el próximo viernes. La oposición, liderada por el PP, ya ha anunciado su rechazo, alegando que las medidas son insuficientes y que el Ejecutivo prioriza la imagen política sobre soluciones reales.
El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno y la oposición en un tema clave para las elecciones de 2027. Mientras el PSOE y Sumar defienden la rapidez de las medidas, el PP las tacha de «cosméticas» y exige un debate más amplio. La tramitación acelerada, sin consenso parlamentario previo, aumenta el riesgo de que los decretos sean bloqueados en el Congreso.
El acuerdo entre el PSOE y Sumar se alcanzó tras semanas de negociaciones, con la intención de evitar la paralización del mercado de alquileres y garantizar la continuidad de los contratos. Este pacto, que culminó en la aprobación de los reales decretos, busca equilibrar la urgencia de la intervención con la necesidad de mantener la estabilidad del sector.
