Cuerpo cifra en más de 12.000 millones el coste de los tres decretos anticrisis aprobados por el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. El decreto incluye una limitación a la subida de la tarifa regulada del gas y la extensión de los descuentos a los carburantes hasta final de año.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presentado las medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El decreto pretende «prorrogar y adaptar las medidas de apoyo» a hogares, empresas y sectores hasta final de año. Cuerpo ha enmarcado la decisión en un entorno de «persistencia de riesgos geopolíticos» que ha afectado a los precios energéticos.
El coste conjunto de los tres decretos anticrisis supera los 12.000 millones de euros, según ha detallado el propio Cuerpo. El ministro ha remarcado que este tercer paquete supone «un gran esfuerzo presupuestario». La norma combina, en sus palabras, «protección inmediata, seguridad energética, eficiencia y competitividad».
La aprobación de este paquete llega en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. El plazo constitucional para que las cuentas entren en el Congreso vence el miércoles. Cuerpo ha asegurado que habrá proyecto de presupuestos pese al calendario. El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha seguido reuniendo con los grupos para avanzar en la negociación de las cuentas y del sistema de financiación autonómica.
Si llegan a aprobarse, serían las primeras cuentas de la legislatura. Continúan vigentes los presupuestos de 2023 tras tres prórrogas. Cuerpo ha señalado que en estas semanas se han apilado «materias urgentes» por encima de lo importante, sin dar fecha para la llegada del proyecto al Consejo de Ministros.
El Gobierno inicia negociaciones con Sumar y los socios parlamentarios para unas cuentas que no se aprueban desde 2022, mientras Junts y Podemos ya marcan distancias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a incumplir el artículo 134.3 de la Constitución, que obliga al Ejecutivo a aprobar en el Consejo de Ministros y presentar en las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes del inicio del mes de octubre. Es el cuarto año consecutivo que Sánchez se salta este precepto: desde el 4 de octubre de 2022 no se aprueba en Consejo de Ministros un proyecto de cuentas para remitirlo a las Cortes. En todo ese tiempo no solo no se ha aprobado proyecto de Presupuesto alguno, sino que ni siquiera se ha cumplido con el trámite que exige la Constitución, aunque sea fuera de fecha.
Hoy sigue en vigor el Presupuesto de 2023, aprobado por una mayoría parlamentaria diferente, la de la anterior legislatura. El artículo 134.3 de la Constitución establece que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. La norma usa un tono imperativo, pero su cumplimiento no ha llegado.
Los últimos cuatro años, Sánchez ha anunciado en distintas ocasiones que iba a cumplir ese trámite y finalmente lo ha incumplido siempre. Ahora ha vuelto a comprometerse a aprobar el proyecto de Presupuestos en Consejo de Ministros antes de final de año, ya fuera del plazo legal. En esta ocasión ha llegado a asegurar que si los Presupuestos no se aprueban en diciembre tendrá que convocar elecciones generales. El calendario estricto para cumplir esa promesa llevaría a una convocatoria de elecciones para febrero o marzo, algo que todavía no está claro.
El Gobierno arranca la negociación con Sumar y los socios
En esta ocasión, el Ejecutivo ha avanzado un paso más en el trámite al iniciar las negociaciones entre los socios de coalición, PSOE y Sumar, y emplazar a los socios parlamentarios a una negociación que en teoría arrancaría durante el mes de octubre. La expectativa de aprobación sigue siendo muy baja, pero esta vez el Gobierno se ha quitado presión política con el anuncio de que el rechazo de las cuentas provocaría la convocatoria de elecciones generales. Ya fue rechazado el techo de gasto en la Cámara y hay posiciones contrapuestas de grupos como Junts y Podemos, además del deseo de muchos de ellos de separarse en lo posible de Sánchez casi en vísperas de las elecciones.
El calendario que expone el Gobierno pasa por intentar aprobar este martes en el Consejo de Ministros el decreto de vivienda y, quizás, el decreto que incluya medidas para paliar los efectos de la subida de la inflación. El siguiente paso será aprobar en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, para plasmar la resolución del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobada con los votos en contra de todas las comunidades del PP y las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha. Posteriormente, sin fecha, el Gobierno abordaría el proyecto de Presupuestos para 2026, algo que no ocurre desde 2022, con la idea de que la votación de totalidad en el Congreso sea durante el mes de diciembre.
La financiación autonómica añade otro frente abierto
La votación del nuevo sistema de financiación autonómica es también muy problemática para el Gobierno. El texto plasma el acuerdo con ERC que permitió en 2024 la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Pero el pacto inicial entre el PSC y ERC, que era una especie de cupo similar al vasco, se ha rebajado mucho. Por eso, Junts anunció que votará en contra. Por otros motivos, hay deserciones también en el grupo de Sumar, por ejemplo, entre los diputados de Asturias y de Compromís.
Hay dudas, asimismo, sobre el sentido de voto de los ocho diputados de Castilla-La Mancha, ya que el Gobierno de esa comunidad y la federación socialista que encabezan Emiliano García Page son muy beligerantes contra el modelo de financiación que se pretende aprobar. Esos diputados decidirán su voto y si rompen la disciplina del Grupo Socialista cuando se apruebe el texto en Consejo de Ministros. Su posición se refuerza por el hecho de que lo anunciado no tiene nada que ver con lo aprobado en el Congreso federal del PSOE de 2024, cuando fue derrotada la posición del PSC que hablaba de ordinalidad y sus enmiendas ni siquiera pudieron llegar al plenario. Además, tampoco ha habido discusión en ningún órgano del partido, es decir, ni el Comité Federal, ni el territorial que hace años que no se convoca. Nunca había ocurrido algo similar cuando se ha propuesto un nuevo modelo de financiación. Los ocho diputados castellanomanchegos votaron a favor de la amnistía a los protagonistas del procés, pese a que su federación estaba en contra, pero ahora entienden que el asunto de la financiación es un asunto que sí tiene vinculación territorial.
El precedente de Rajoy: ocho años con cuentas y cuatro fuera de plazo
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó Presupuestos todos los años entre 2012 y 2018, pero en cuatro de ellos (2012, 2015, 2017 y 2018) se hizo fuera de fecha porque hubo elecciones. En alguno de esos casos hubo también un periodo previo de Gobierno en funciones tras investiduras fallidas y repetición de las elecciones generales. Nunca en Democracia se había dejado ningún año de presentar Presupuestos en las Cortes.
