Tres documentos elaborados en 2021 y un grupo de trabajo paralizado desde 2022 son el centro de la resolución que exige explicaciones concretas
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática revelar información sobre los trabajos de un grupo creado en 2021 para estudiar el coste de los análisis de laboratorio de drogas incautadas. La resolución, publicada hoy, obliga a desvelar qué ocurrió con tres informes elaborados en marzo, mayo y octubre de ese año, cuando el grupo quedó paralizado sin adoptar decisiones.
El conflicto surgió tras una solicitud de acceso a la información presentada el 22 de julio de 2025, que el Ministerio rechazó inicialmente por considerar los documentos de carácter «auxiliar». El Ministerio inadmitió la petición el 14 de agosto de 2025, argumentando que los informes eran preparatorios y no constituían un trámite de ningún procedimiento. Sin embargo, el Consejo determinó que la Administración no justificó adecuadamente esa clasificación, especialmente cuando los informes podrían explicar por qué el grupo no continuó su trabajo en 2022.
La resolución establece que el Ministerio debe entregar información sobre el trabajo realizado hasta la disolución del grupo, vinculado a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco sobre Drogas (CAMD). Aunque no se exige la entrega íntegra de todos los documentos solicitados (actas, metodologías o tablas), sí se obliga a facilitar datos suficientes para entender el proceso. El plazo para cumplir es de diez días hábiles.
El caso refleja un precedente clave: la paralización de un grupo de trabajo no convierte automáticamente su documentación en inaccesible. El Consejo citó otros expedientes sobre drogas, como los relacionados con el Chemsex, donde se permitió acceso parcial a materiales. La decisión subraya que la opacidad en la Administración no puede basarse en que un proceso no llegó a conclusiones definitivas.
El grupo de trabajo, creado para analizar el impacto de los costes de laboratorio en las costas judiciales, elaboró tres informes en 2021. En 2022 se planteó reactivarlo, pero nunca se materializó. Ahora, el CTBG obliga al Gobierno a aclarar qué ocurrió con esos documentos y por qué el proceso se detuvo.
