El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio a revelar plazos y expedientes pendientes en 10 días, tras ignorar dos solicitudes de información
Hacienda ha incumplido la ley al mantener en silencio durante meses una solicitud ciudadana sobre los retrasos en las consultas tributarias de la Dirección General de Tributos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha condenado este comportamiento y ha dado al Ministerio 10 días hábiles para entregar datos estadísticos básicos —como el número de consultas pendientes, plazos medios de respuesta y expedientes acumulados— que no requieran reelaboración específica.
La petición, presentada el 18 de abril de 2026 por un ciudadano, solicitaba información detallada sobre el estado de las consultas tributarias escritas desde enero de 2023. Entre los datos reclamados figuraban el plazo medio de respuesta, el porcentaje de consultas resueltas en menos de seis meses, y cuántas llevaban más de un año sin contestación. Hacienda no respondió ni a la solicitud inicial ni a la reclamación posterior del Consejo, que el 4 de junio pidió el expediente completo y las alegaciones del Ministerio. La resolución, fechada el 12 de agosto, destaca que el silencio administrativo vulnera el derecho de acceso a la información pública y afecta al estándar de buena administración.
El Consejo ha limitado su orden a la información estadística disponible sin reelaboración, como el número total de consultas recibidas y contestadas, el plazo medio de resolución, y los expedientes pendientes. No incluye datos específicos sobre retrasos individuales, ya que el Ministerio no está obligado a crear informes ad hoc. Sin embargo, la resolución subraya que el silencio de Hacienda imposibilita el control ciudadano sobre la gestión tributaria, algo que el Consejo considera una práctica que debe desaparecer.
Este caso se enmarca en un contexto de crecientes quejas por la lentitud en la administración tributaria. Según datos previos del propio Ministerio, el plazo legal para responder consultas es de seis meses, pero en la práctica muchos expedientes superan ese límite. La resolución del Consejo podría servir como precedente para otras solicitudes similares, obligando a Hacienda a justificar sus demoras con datos verificables.
El plazo para entregar la información finaliza el 29 de septiembre. Si Hacienda incumple de nuevo, el Consejo podría imponer sanciones por obstrucción al derecho de acceso a la información pública, según el marco legal vigente.
