Documentos de la Fiscalía Anticorrupción revelan una red de sociedades, oro e inmuebles vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero y exconsejeros de la aerolínea
Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra, y su esposa María Aurora López López aparecen en el centro de una trama de blanqueo de capitales que movió al menos 53 millones de euros del rescate de la aerolínea, según documentos de la Fiscalía Anticorrupción obtenidos por El Periódico. La red, que incluye a José Luis Rodríguez Zapatero como imputado, compró inmuebles en España por valores que oscilan entre 900.000 euros y 7,6 millones, además de invertir en sociedades y valores financieros.
Los registros policiales detallan cómo Homoestructura SL, sociedad administrada por Reyes desde 2018, adquirió dos propiedades en España: una por 4 millones de euros en 2018 y otra por 7,6 millones en 2019. La titularidad real de Homoestructura recae en López López, mientras que Reyes figura como administrador solidario. Esta estructura permitió ocultar el origen de los fondos, vinculados al rescate de Plus Ultra con dinero público.
La investigación también identifica a Snip Aviación, sociedad fundada por Reyes y controlada actualmente en un 56,8% por Camilo Ibrahim Issa y López López. A través de Snip, se realizaron operaciones clave como una ampliación de capital por 3,7 millones de euros en 2018 y un préstamo de 9,6 millones a Plus Ultra, avalado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los financieros imputados, Luis Felipe Baca (peruano, detenido en Aruba) y Simon Verhoeven (neerlandés, que se negó a declarar ante el juez José Luis Calama), aparecen como clientes de la trama. Ambos adquirieron inmuebles en España a través de sociedades pantalla. Por ejemplo, Gilberto Morales, venezolano nacionalizado español y golfista profesional, compró una propiedad por 1,7 millones de euros mediante su sociedad 100 Concepts Corp Spain SLU, administrada por el abogado Miguel Palomero.
Morales justificó ingresos de 2,6 millones de euros recibidos entre 2015 y 2022 —provenientes de Alemania, Suiza y Dominica— como reformas de su vivienda. Sin embargo, los investigadores destacan su vinculación con Palomero: transfirió 110.000 euros desde Bahamas para que este comprara un piso en Madrid por 900.000 euros, presentados como un «préstamo» para otra sociedad inmobiliaria.
Otro caso es el del venezolano Mauricio José Andarcia Martínez, quien adquirió un inmueble por 1,8 millones de euros en 2016 y lo revendió por el mismo precio en 2021, cancelando la hipoteca. Los agentes lo identifican como colaborador de Baca en las presuntas actividades de blanqueo.
El papel de Rodríguez Zapatero y la red internacional
La trama trasciende fronteras: las autoridades suizas y francesas alertaron sobre los responsables de la red, imputados junto a Zapatero en la Audiencia Nacional. Los documentos señalan una «profusa actividad» en España, con inversiones en valores e inmuebles de alto valor, como los 7,6 millones pagados por Homoestructura en 2019. La Autoridad del Mercado de Valores (AMF) francesa confirmó la participación de Baca y Verhoeven en estas operaciones.
La red incluye también a Coraima Soho 12 SL, sociedad constituida en 2017 y vinculada a Reyes, quien en 2022 se declaró socio único. Esta entidad vendió un bien por 2,75 millones de euros a Zupa Real Estate SL, profundizando en la opacidad financiera.
Plus Ultra rescata 53 millones en 2012 y se investiga su uso
El rescate de Plus Ultra en 2012, con 53 millones de euros públicos, se convirtió en el epicentro de esta investigación. La SEPI, como acreedora, y la Fiscalía Anticorrupción analizan ahora si estos fondos se desviaron a través de sociedades pantalla y compras inmobiliarias. La trama afecta directamente a Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea, y a figuras como Palomero, abogado vinculado a operaciones con capital extranjero.
La Brigada Central de Blanqueo de Capitales destaca en sus informes la «elevada cantidad» de transacciones, incluyendo la compra de oro y joyas interceptadas en la vivienda de Verhoeven. Estos activos, junto a los inmuebles, formarían parte de un esquema para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Mientras, Zapatero, imputado en la causa, enfrenta preguntas sobre su posible conocimiento de estas operaciones. Su defensa aún no ha reaccionado públicamente a los nuevos detalles revelados por la Fiscalía.
La investigación, en fase avanzada, podría reabrir el debate sobre el uso de fondos públicos en rescates empresariales y la eficacia de los controles financieros en España.
El caso se enmarca en la instrucción del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado José Luis Calama. La causa permanece bajo secreto parcial de sumario, lo que limita el acceso de las partes a determinadas diligencias mientras se practican las pesquisas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. La Brigada Central de Blanqueo de Capitales, adscrita a la UDEF, es la unidad policial encargada de elaborar los informes patrimoniales que sustentan las imputaciones.
La operativa descrita encaja en el tipo penal de blanqueo de capitales previsto en el Código Penal, que castiga la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes procedentes de actividades delictivas. La investigación se apoya en la colaboración internacional activada a través de las autoridades suizas y francesas, cuyas alertas iniciales permitieron a los agentes españoles reconstruir el entramado societario y las operaciones inmobiliarias ahora bajo escrutinio.
