La nueva normativa, publicada hoy en el BOCyL, regula el uso de dispositivos de visión nocturna en la caza sostenible bajo la Ley autonómica de 2023
La Junta de Castilla y León ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) una orden que autoriza el uso de cámaras térmicas y dispositivos de visión nocturna para la caza mayor, una medida que entrará en vigor el miércoles 30 de septiembre.
La norma, aprobada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, regula el transporte, tenencia y empleo de estos dispositivos bajo el marco de la Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, vigente desde 2023. Según la orden, su uso queda limitado a la práctica de la caza sostenible, sin especificar restricciones adicionales más allá de lo establecido en la ley autonómica.
Esta modificación normativa responde a una demanda histórica del sector cinegético regional, que venía solicitando desde 2024 la adaptación de la normativa autonómica a las técnicas de caza empleadas en otras comunidades como Aragón o Navarra, donde estos dispositivos ya están permitidos. La Junta justificó la medida en la necesidad de modernizar las herramientas disponibles para los cazadores, siempre bajo criterios de sostenibilidad.
La entrada en vigor inmediata —al día siguiente de su publicación— refleja la urgencia con la que la Consejería ha gestionado el trámite administrativo. Sin embargo, la medida ya ha generado controversia entre asociaciones ecologistas, que denuncian un posible impacto en la fauna nocturna sin estudios previos de evaluación. La Federación de Caza de Castilla y León, en cambio, ha celebrado la decisión como un avance necesario para competir con otras regiones.
El cambio normativo se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el modelo cinegético tradicional y las demandas de conservación, especialmente en especies protegidas como el lince ibérico, cuya población en la región supera los 500 ejemplares según datos de 2025. La orden no aclara si los dispositivos podrán usarse en cotos donde estas especies están presentes, lo que podría abrir un nuevo frente de conflicto legal.
