La Junta de Castilla y León gana nueve recursos judiciales contra el reparto de MENAs, denuncia criterios políticos y acusa al Ejecutivo de Sánchez de imponer obligaciones sin respaldo legal
Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, anunció hoy en Zamora que la justicia ha estimado nueve recursos contencioso-administrativos que impugnaban el traslado de 164 menores extranjeros no acompañados (MENAs) a la comunidad. Los tribunales declararon la nulidad de los expedientes y ordenaron retrotraer las actuaciones al estado anterior a las resoluciones de traslado, lo que obliga al Gobierno central a reabrir el proceso.
Pollán, acompañado por Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, también de Vox, insistió en que los criterios de reparto de MENAs desde otras comunidades autónomas hacia Castilla y León son «políticos y no técnicos». La comunidad, según sus datos, solo tiene capacidad para acoger 130 menores, pero actualmente atiende a 164, un 26% por encima de su capacidad real.
La Junta denuncia que el Gobierno de España impone «unilateralmente obligaciones» a las comunidades autónomas, vulnerando sus competencias en protección de menores. Pollán advirtió que la administración autonómica «se va a oponer por todos los medios políticos, legales y jurídicos» al reparto de inmigración ilegal, en cumplimiento del pacto de gobierno entre el PP y Vox.
El vicepresidente primero criticó duramente al Gobierno central, al que acusó de actuar como una «mafia» en colaboración con Marruecos, país al que responsabilizó de la «invasión» en la frontera española, especialmente en Ceuta. «Sabemos que estamos peleando en desigualdad de fuerzas, pero vamos a llevar nuestro pacto de Gobierno hasta el final», declaró Pollán, quien destacó que ya han logrado «algunas pequeñas victorias» en su estrategia legal.
La Junta también recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón al Gobierno autonómico en 17 ocasiones en recursos similares, anulando resoluciones de traslado de MENAs. Según Pollán, esto demuestra que el Gobierno de España incumple la legislación nacional e internacional y el principio del «interés superior del menor», que debería priorizar su reintegración familiar o su tutela en el país de origen.
La comunidad autónoma, que actualmente acoge a 164 MENAs —26% más de su capacidad—, ha recurrido el sistema de reparto por considerar que no se ajusta a su capacidad real de acogida. La Junta argumenta que el Gobierno central no cumple con sus competencias y «reparte un problema» que las comunidades deben asumir sin recursos suficientes.
Pollán advirtió que la Junta explorará con los países de origen de los menores la posibilidad de aplicar la Ley de Extranjeria para facilitar su retorno, siempre dentro del marco legal. «No podemos actuar de otra forma más que con todos los medios legales y jurídicos que tenemos a nuestro alcance», subrayó.
El marco legal y los precedentes: competencias autonómicas vs. reparto centralizado
El conflicto entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central se enmarca en un debate recurrente sobre las competencias autonómicas en materia de protección de menores y la gestión de la inmigración irregular. Según la Constitución española, las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de protección de menores, mientras que el Estado asume la responsabilidad en políticas migratorias. Sin embargo, el reparto de MENAs entre comunidades ha generado tensiones por la percepción de que el criterio no es técnico, sino político.
El caso de Castilla y León no es aislado. Otras comunidades, como Aragón, han logrado anular resoluciones similares mediante recursos judiciales. El Gobierno de Aragón, por ejemplo, ha obtenido 17 sentencias favorables en los últimos años, lo que ha llevado a la Junta de Castilla y León a replicar su estrategia legal. La diferencia radica en que, mientras Aragón ha logrado paralizar traslados, Castilla y León ahora busca anular expedientes ya ejecutados y retrotraer las actuaciones.
El sistema de reparto de MENAs en España se basa en el Real Decreto 557/2011, que establece criterios para la distribución de menores no acompañados entre comunidades autónomas. Sin embargo, las críticas se centran en que estos criterios no siempre se ajustan a la capacidad real de acogida de cada territorio, lo que genera desequilibrios y sobrecarga en algunas regiones.
Implicaciones políticas y el pacto PP-Vox en Castilla y León
La postura de la Junta de Castilla y León refleja el compromiso del Gobierno autonómico —formado por PP y Vox— con su pacto de coalición, que incluye la oposición al reparto de inmigración irregular. Este acuerdo ha sido clave en la estrategia de la Junta para enfrentar al Gobierno central, especialmente en temas como la gestión de fronteras y la protección de menores.
La victoria judicial en los nueve recursos contencioso-administrativos refuerza la posición de la Junta y podría servir como precedente para otras comunidades con situaciones similares. Sin embargo, el conflicto también pone de manifiesto las limitaciones legales y políticas de Castilla y León, que, según Pollán, actúa «en desigualdad de fuerzas» frente al Gobierno de Pedro Sánchez.
El vicepresidente primero advirtió que la Junta no cederá en su postura y continuará recurriendo cualquier decisión que considere ilegal o contraria a sus competencias. «Vamos a seguir peleando en todos los frentes con todos los medios a nuestro alcance», declaró, subrayando que el objetivo es proteger los intereses de Castilla y León y garantizar que el reparto de MENAs se ajuste a criterios técnicos y no políticos.
Mientras, el Gobierno central aún no ha reaccionado oficialmente a la decisión judicial, pero fuentes cercanas al Ejecutivo han señalado que se analizará el fallo para determinar los siguientes pasos. La tensión entre ambas administraciones podría escalar si el Gobierno insiste en imponer su criterio de reparto sin tener en cuenta las capacidades reales de las comunidades.
El caso también pone en evidencia las diferencias entre el enfoque del Gobierno central, que prioriza la redistribución de MENAs para aliviar la presión en comunidades como Canarias o Andalucía, y el de las regiones receptoras, que exigen más recursos y un reparto más equitativo. La sentencia judicial podría abrir un nuevo frente en este debate, con implicaciones tanto legales como políticas.
