La Comisión Europea pide contención tras protestas violentas y pide reconciliación para avanzar hacia la UE
Christian Wigan, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, defendió este viernes la independencia del Tribunal Especial para Kosovo (TEK), que condenó a 25 años de prisión al expresidente kosovar Hashim Tracy por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1998-1999. La institución instó a todas las partes a evitar injerencias en el proceso judicial y a permitir que la justicia siga su curso, especialmente para las víctimas.
Tracy, junto a otros tres exdirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), fue declarado culpable de cuatro delitos: detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato. El tribunal, creado en 2015 y con sede en La Haya, está compuesto por personal internacional dentro del sistema jurídico kosovar. La sentencia, anunciada el miércoles, desató protestas violentas en Pristina, donde centenares de manifestantes atacaron con piedras y objetos la sede de EULEN, la misión civil de la UE en Kosovo, que apoyó la investigación y el proceso judicial.
Las condenas, que incluyen penas de prisión para los otros tres acusados, generaron una ola de rechazo entre sectores nacionalistas kosovares. Según testigos, los manifestantes exigieron la liberación inmediata de los condenados y criticaron la intervención de la UE en el proceso.
El papel de la UE: justicia sin injerencias
La Comisión Europea subrayó que el TEK opera con procedimientos judiciales «justos, imparciales e independientes», basados en el principio de responsabilidad penal individual. Guillaume Mercier, portavoz de Ampliación de la Comisión, llamó a los actores regionales a «ayudar a cicatrizar las heridas del pasado» y a avanzar hacia un futuro común dentro de la UE, destacando que «solo mediante la reconciliación» se podrán superar las divisiones históricas.
El tribunal, creado por decisión de la Asamblea de Kosovo en 2015, depende del sistema judicial kosovar, pero cuenta con personal internacional para garantizar su imparcialidad. Su mandato incluye investigar crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de los años 90, un periodo marcado por la violencia étnica y la intervención de la OTAN.
Protestas y tensiones políticas
Las reacciones a la sentencia revelan las profundas divisiones en Kosovo. Mientras el Gobierno kosovar, liderado por Albin Kurti (partido Vetevendosje!), ha evitado pronunciarse públicamente para no avivar las tensiones, sectores nacionalistas y partidarios del UÇK han acusado al tribunal de ser un «instrumento político» de la UE y Serbia. Las protestas, que incluyeron enfrentamientos con la policía, reflejan el rechazo de una parte de la población a aceptar responsabilidades históricas.
Serbia, por su parte, ha mostrado cautela. Aunque no ha condenado explícitamente la sentencia, el Gobierno de Aleksandar Vučić ha recordado que Kosovo sigue siendo un territorio en disputa y que cualquier proceso judicial debe respetar los derechos de todas las partes. La UE, en cambio, insiste en que el fallo es un paso necesario para la estabilidad regional y el eventual ingreso de Kosovo en la Unión Europea.
El contexto: un tribunal para cerrar heridas
El TEK fue creado en 2015 como parte de los acuerdos de normalización de relaciones entre Kosovo y Serbia, mediados por la UE. Su objetivo era juzgar a los responsables de crímenes de guerra cometidos durante y después del conflicto de 1998-1999, cuando el UÇK luchó por la independencia de Kosovo frente a las fuerzas serbias. El tribunal, aunque independiente, depende en parte de la cooperación de ambas partes para garantizar su eficacia.
Hasta ahora, el TEK ha procesado a varios líderes del UÇK, incluyendo a Adri Vésela, condenado en 2020 a 15 años de prisión por crímenes similares. Sin embargo, el caso de Thaci, figura clave en la independencia de Kosovo, ha sido el más mediático y controvertido. Su condena podría tener implicaciones políticas internas, especialmente en un contexto en el que el Gobierno de Kurti enfrenta desafíos económicos y sociales.
La UE ha insistido en que el proceso judicial debe continuar sin obstáculos. Christian Wigan recordó que los condenados tienen derecho a apelar la sentencia ante una sala separada del tribunal, un mecanismo diseñado para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso.
¿Qué sigue ahora?
Las protestas violentas y las reacciones políticas sugieren que el caso no quedará ahí. Sectores nacionalistas kosovares podrían intensificar su oposición al tribunal, mientras que la UE y Serbia mantendrán su postura de que la justicia es un paso necesario para la estabilidad regional. El Gobierno kosovar, por su parte, deberá gestionar el malestar social sin romper con sus aliados internacionales.
En Bruselas, la Comisión Europea ha dejado claro que no tolerará injerencias en el proceso judicial. Sin embargo, el desafío real será convencer a una parte de la sociedad kosovar de que el TEK no es un «tribunal político», sino una herramienta para cerrar heridas y avanzar hacia la integración europea. Para ello, la UE deberá equilibrar su apoyo a la justicia con la necesidad de evitar una escalada que ponga en riesgo la frágil estabilidad de la región.
