El último atestado ratifica irregularidades sistemáticas en los cursos de formación de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2012
Un atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ratifica indicios para procesar a la cúpula del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El documento policial llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado mes de marzo. La causa investiga la gestión de los cursos de formación para el empleo de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2012. Los investigadores calculan que el montante repartido bajo sospecha de falta de control superaba los 900 millones de euros.
El informe remitido al magistrado José Ignacio Vilaplana atribuye responsabilidades a 24 personas vinculadas a la administración autonómica. Entre ellas figuran cuatro ex directores generales de Formación para el Empleo, nueve ex altos cargos del SAE y 11 jefes de servicio. Los agentes sostienen que existió una unidad de acción concertada y coordinada entre estos responsables durante el periodo auditado. Según el atestado, esa dinámica permitió conceder subvenciones de forma sistemática al margen de la normativa reguladora.
Las pesquisas policiales señalan que los beneficiarios recibían fondos públicos sin justificar el destino de subvenciones anteriores. La administración autonómica empleó para ello dos herramientas administrativas concretas. Por una parte, recurrió a certificados de finalidad elaborados por auditoras privadas contratadas por las propias empresas perceptoras. La Guardia Civil indica que estos documentos no garantizaban el cumplimiento real de las condiciones exigidas. Con este método, el gobierno autonómico eludía sus tareas de fiscalización ordinaria.
Por otra parte, la Junta aprobó resoluciones de exceptuación de forma masiva mediante decretos. Esta figura legal permite liberar temporalmente a una entidad de la obligación de justificar subvenciones previas para poder cobrar ayudas nuevas. Aunque la normativa reserva este mecanismo para situaciones excepcionales debidamente acreditadas, los investigadores señalan que se exoneró a cientos de expedientes sin justificación individualizada.
El archivo de 2016 y la reapertura por la Audiencia de Sevilla
El origen del procedimiento judicial data de 2014, cuando la juez Mercedes Alaya abrió la causa principal. Dos años más tarde, en 2016, la juez María Núñez Bolaños decretó el archivo de las actuaciones. La instructora consideró entonces que no existían indicios de delito en la actuación de más de una veintena de altos cargos autonómicos. Núñez Bolaños descartó la presencia de una red clientelar ligada al PSOE o un reparto guiado por criterios políticos. La instructora no consideró penalmente relevante que 39 empresas beneficiarias tuvieran vínculos con la formación socialista. La Fiscalía Anticorrupción respaldó el sobreseimiento al apreciar ineficacia y defectos administrativos, pero no infracción penal.
El litigio dio un giro en 2019 tras un recurso presentado por el Partido Popular. La Audiencia de Sevilla estimó la petición de los populares y ordenó reabrir la instrucción. Al asumir el juzgado, el magistrado Vilaplana reactivó las diligencias y solicitó en 2020 una nueva pericial a la UCO. La causa acumula ya 12 años de tramitación procesal desde sus primeras diligencias.
La división del procedimiento en nueve piezas separadas
La tramitación judicial de los fondos de formación experimentó una fragmentación cuando la jueza Núñez Bolaños desgajó la causa matriz en hasta nueve piezas independientes. Aquella decisión derivó en investigaciones paralelas sobre expedientes específicos de subvenciones. Entre los expedientes separados figuran las ayudas recibidas por las sociedades del empresario Ángel Ojeda y las concedidas al grupo Pérez González. También se abrieron ramas específicas para la Fundación Faffe, los consorcios formativos Formades y CIO Mijas, y las empresas vinculadas a la familia del exdirigente socialista Rafael Velasco.
Tras este troceamiento, la pieza matriz conservó únicamente la línea sobre el diseño general de supervisión de las ayudas. En esta rama central se evalúa la conducta global de los mandos del SAE encargados de autorizar los pagos y verificar la documentación justificativa.
El debate sobre el programa informático Júpiter
Uno de los puntos determinantes de la causa se centra en la comprobación material de los documentos que sustentaron los pagos. Cuando Vilaplana asumió el caso en 2020, reclamó a la UCO que precisara si su análisis se basaba solo en bases de datos o en expedientes en papel. Las defensas de los investigados alegaron que la falta de ciertos documentos en los archivos se debió a un fallo durante la migración de datos al sistema informático Júpiter, utilizado por la Junta de Andalucía.
El juez instructor advirtió en sus resoluciones de que habría base para actuar por prevaricación si se demuestra un quebranto económico derivado de conceder ayudas ad libitum e arbitrum sin control técnico ni cursos reales. El nuevo informe ratifica las conclusiones de los investigadores tras examinar los expedientes cuestionados.
